El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este viernes que el régimen de Nicolás Maduro no permite el ingreso a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de la ONU a pesar de que “9.3 millones de venezolanos hoy están en riesgo” alimenticio.

“El régimen no ha permitido que WFP entre en Venezuela porque es parte del mecanismo de control social de la dictadura de Maduro la distribución discrecional de alimentos para poder controlar”, dijo Guaidó en un foro en Americas Society/Council of the Americas.

El presidente lamentó que WFP no haya podido ingresar al país pese a que hoy “9.3 millones de venezolanos están en riesgo, en vulnerabilidad e inseguridad alimentaria”.

“Por eso venezolanos hoy caminan hasta Colombia, hasta Perú o con mucho más riesgo utilizan botes sin ningún tipo de seguridad para tratar de llegar hasta Trinidad y Tobago, donde los devuelven y donde además hay un esquema de trata de personas, de trafico de órganos”, añadió.

Del total de venezolanos que viven en Colombia 770.246 están en condición de regulares (45 %), mientras que 947.106 están como irregulares (55 %). EFE/ Mario Caicedo/Archivo

El mandatario aseguró a su vez que los venezolanos “enfrentan una dictadura” que prefiere no acordar con WFP y además perseguir a organizaciones humanitarias sin fines de lucro, al tiempo que hizo referencia a la negativa del régimen a conceder visas a Médicos Sin Fronteras.

Guaidó hacía referencia al reciente avance de la dictadura sobre distintas ONG, acciones que le granjearon fuertes condenas tanto a nivel nacional como internacional. La última de ellas tuvo lugar el jueves por la noche, cuando un tribunal chavista ordenó la privación de la libertad de cinco trabajadores de Azul Positivo, una ONG venezolana que enfoca su trabajo en la prevención del VIH y las enfermedades de transmisión sexual.

En concreto, el Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia, a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, ordenó la medida luego de que la fiscalía acusara a los miembros de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos analógos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.

Un mes antes el régimen avanzó sobre Convite, que brinda asistencia a adultos mayores. También allanó su sede a mediados de diciembre y se llevaron detenido a su director general, Luis Francisco Cabeza. Justificando su accionar con una acusación de “financiamiento del terrorismo”, procedieron también a llevarse los equipos de las instalaciones, ubicada en Los Dos Caminos, en Caracas.

En un comunicado publicado esta semana, la portavoz de la oficina para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, indicó que la organización está “profundamente preocupada” por los últimos avances de la dictadura contra ambos sectores. En la misma línea se pronunciaron entidades internacionales como Human Rights Watch y Amnesty International.

La gravedad de la situación es tal que el flujo de venezolanos que emprende peligrosos viajes para abandonar el régimen continúa siendo incesante. Actualmente el foco está puesto sobre aquellos que emprenden precarios viajes marítimos hacia a Trinidad y Tobago, pero cuyas autoridades buscan evitar su llegada. De hecho, actualmente nueve niños y algunas de sus madres se encuentran detenidos tras varias semanas de reclusión en un centro gubernamental en el sur del país caribeño.

El director de Inmigración de Trinidad y Tobago y el jefe del Estado Mayor de la Defensa del país apelaron el pasado miércoles las órdenes judiciales que los mantienen detenidos para que sean liberados del centro de detención del Helipuerto de Chaguaramas.

El caso, de no resolverse en breve, podría llegar al Tribunal de Apelación de Trinidad y Tobago a principios de la próxima semana.

Migrantes venezolanos llegan a la costa de la playa Los Iros, en Erin, Trinidad y Tobago, el 24 de noviembre de 2020. Lincoln Holder / Cortesía de Newsday / Handout via REUTERS

Funcionarios gubernamentales explicaron que en la audiencia del recurso de apelación el Estado pretende argumentar que la decisión judicial no está justificada.

También se pedirá al Tribunal de Apelación que suspenda la ejecución de las órdenes judiciales.

Son miles los venezolanos que escapan de la miseria de su país para llegar al punto del extranjero más cercano, una isla hasta hace no mucho tiempo despreciada por ellos. Trinidad y Tobago se convirtió en la puerta de salida para los que no tienen cómo llegar a las fronteras con Colombia o Brasil.

En los últimos cuatro años abandonaron el país más de cinco millones de venezolanos. Un mes después de la tragedia del bote de Yoskeili Zurita, una chica de 16 años que intentó escapar del régimen en bote y logró sobrevivir a un accidente marítimo, hubo otro naufragio similar en el que murieron 33 personas. El hecho provocó tal espanto que Nicolás Maduro impidió la salida de más “balseros”. Duró poco la medida. Los migrantes pagan sobornos y salen de cualquier manera, por lo que las chances de que se produzcan más tragedias de esa naturaleza continúan siendo altas.

(Con información de INFOBAE/EFE)