La justicia brasileña ordenó este viernes la destitución del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por su presunta implicación en esquemas de corrupción en el área de la salud en plena pandemia de coronavirus.

El Tribunal Superior de Justicia (STJ) determinó la separación inmediata de Witzel de su cargo, por un periodo mínimo de seis meses, y le prohibió el acceso a las dependencias del gobierno. "El grupo delictivo (integrado por miembros del gobierno de Río y empresarios) actuó y sigue actuando, desviando y lavando recursos en plena pandemia de covid-19", afirmó el juez del STJ Benedito Gonçalves, que autorizó la destitución.

Los abogados de Witzel se consideraron "sorprendidos" por la orden "unilateral" y anunciaron que responderán adoptando "todas las medidas pertinentes".

Desde primeras horas del día, una operación policial de gran envergadura se desplegó en el Palacio de Laranjeiras, sede del gobierno de Río, con dos helicópteros que sobrevolaban el lugar, informó un periodista de la AFP.

La fiscalía había pedido la prisión de Witzel pero el juez Gonçalves la negó, argumentando que apartarlo del cargo sería suficiente para frenar la continuidad de los delitos.

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Witzel responde a las acusaciones

"Un nuevo circo se montó. Lamentablemente por culpa de la decisión del juez fue inducida por la Fiscalía General de la República en la persona de (la fiscal) doctora Lindora (Araújo), especializada en perseguir gobernadores", dijo Witzel en una larga declaración celebrada en el palacio de Laranjeiras de Río.

"Quieren masacrarme, con todo el respeto, el presidente (Bolsonaro) hizo contra mí acusaciones graves" porque "cree que seré candidato a presidente", criticó el gobernador.

Witzel lamentó las decisiones judiciales tomadas contra él y alegó que ya cesó al secretario de Salud implicado en el caso de desvío de fondos públicos para el combate al coronavirus. "No existe ningún acto de corrupción en la decisión de apartarme" del cargo, ahondó.

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Desvíos en la salud

El STJ ordenó igualmente decenas de allanamientos, algunos con órdenes de detención, como en el caso del Pastor Everaldo, un líder evangélico que preside el Partido Social Cristiano (PSC), al que pertenece Witzel.

Las investigaciones reunieron indicios de que Witzel y los demás investigados cometieron delitos de corrupción activa, pasiva, asociación para delinquir y lavado de capitales, según detalló el STJ.

La esposa de Witzel, Helena Witzel, también fue denunciada por la Fiscalía, que detectó pagos a su escritorio de abogacía por parte de al menos uno de los empresarios involucrados en los desvíos.

De acuerdo con la Fiscalía, Witzel creó desde su llegada al cargo en enero de 2019 una caja paralela para recibir sobornos de empresas beneficiadas con contratos públicos.

Entre los casos investigados figura la gestión de los hospitales de campaña previstos para pacientes afectados por el coronavirus, así como la compra irregular de respiradores y medicamentos.

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La policía federal allanó la residencia oficial de Witzel después de que el Tribunal Superior de Brasil, lo destituyó de su cargo.

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AFP

De los siete hospitales planeados, apenas dos salieron del papel. La policía ya había allanado el Palacio de Laranjeiras el 26 de mayo por sospechas de fraudes en la lucha contra el coronavirus y dos semanas después la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) abrió un procedimiento de destitución del gobernador.

Río, un estado de 16,5 millones de habitantes, ya registró 15.700 muertes por coronavirus, que en todo Brasil ha cobrado casi 119.000 vidas hasta la fecha.

El índice de decesos es de 909 por millón de habitantes, muy superior a la media nacional. Witzel, un exjuez de 52 años, fue un aliado de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2018, adhriendo a su discurso de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Luego se convirtió en uno de sus más frontales opositores, debido principalmente a las medidas de aislamiento, criticadas por el mandatario, adoptadas en su estado para contener el avance de la pandemia.

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La decadencia de Río de Janeiro

Río conoció sus últimas horas de gloria con los Juegos Olímpicos de 2016, pero desde entonces se sumió en una grave crisis económica y de seguridad.

Con Witzel, cinco de los seis gobernadores de Río de Janeiro en funciones desde 1998 tuvieron problemas con la justicia, y cuatro de ellos fueron presos en algún momento. Anthony Garotinho (1999-2002) y su esposa Rosinha Matheus (2003-2007) pasaron por prisión por delitos electorales, que ellos niegan.

Sergio Cabral (2007-2014) está preso desde 2016 y ya fue condenado a cerca de 300 años de prisión en diferentes casos que develaron el cobro de sobornos en la adjudicación de obras públicas, incluyendo las de remodelación del estadio Maracaná para el Mundial 2014.

Su sucesor, Luiz Fernando Pezao, fue detenido en noviembre de 2018, acusado de recibir millonarios sobornos ligados al esquema de corrupción Lava Jato.

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EL TIEMPO; BOGOTA/EFE Y AFP