Por DIMAS CASTELLANOS.- 

El pasado 27 de abril La Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), anunciaron la campaña "Sin campo no hay país", en la que demandan a la autoridades cubanas la puesta en práctica de cinco medidas dirigidas a evitar que la actual crisis desemboque en una hambruna.

En Cuba la producción en general, y la agropecuaria en particular, entraron en crisis desde que en 1959 comenzó la estatización de la propiedad y los dueños fueron sustituidos por jefes y administradores.

En fecha tan temprana como febrero de 1959, Fidel Castro anunció un programa que "aumentaría notablemente la producción agrícola, se duplicaría la capacidad de consumo de la población campesina y Cuba borraría su pavorosa cifra de desempleo crónico, logrando para el pueblo un nivel de vida superior al de cualquier otra nación". Cuatro años después, en 1963, hubo que implantar la libreta de racionamiento, que a pesar de la enorme ayuda recibida de la Unión Soviética, Venezuela y de los préstamos de gobiernos y organismos crediticios, aún no se ha podido eliminar.

La gravedad de la crisis actual se manifiesta en la escasez de productos que van desde combustibles hasta medicamentos, pasando por artículos de alimentación y aseo personal, lo que explica las aglomeraciones en los mercados con el peligro que representa para la contaminación del Covid-19.

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció el 28 de marzo que "hay productos que podemos vender de manera regulada, pero hay otros que no los podemos vender de la manera que la gente está pidiendo, sencillamente porque no existen las cantidades necesarias." Y al día siguiente expresó: "Van a existir colas porque no tenemos el aseguramiento para resolver los problemas de desabastecimiento".

Detrás de la crisis, aunque agudizada por el embargo estadounidense, están la falta de libertad de los productores, los precios topados, la represión contra la iniciativa privada, revendedores y carretilleros urbanos, la economía subordinada a la política y la ideología, y la negativa a emprender el camino de las reformas, como hicieron países con regímenes similares como los Europa del Este y Vietnam.

Mientras tanto Cuba necesita importar el 89% de los alimentos que consume, casi todos producibles en el país. Solo en alimento animal —decía el Granma del martes 28 de marzo— tiene que importar unas 800.000 toneladas de maíz y gastar 550 millones de dólares. La solución no está en los llamamientos ideológicos ni en orientaciones partidistas.

Aunque el impacto del Covid-19 ha sido tan demoledor que resulta imposible, incluso, regresar a la ya insostenible situación que existía antes de la pandemia, la respuesta del Gobierno sigue siendo insistir en las causas del fracaso, como indicaba Granma: "más planificación, más control de las medidas, más rigor en su cumplimiento y más disciplina en los actores económicos".

En un encuentro con funcionarios de varias provincias, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, repitió lo que viene diciendo desde hace décadas: "redoblar los esfuerzos, aumentar los rendimientos, encontrar el modo de sembrar y producir más, hacer bien las cosas, dejar atrás viejos vicios como la costumbre de querer importarlo todo o esperar a que aparezca el paquete tecnológico, a falta de herbicidas "desempolvar" las guatacas para la limpieza de las áreas, agilizar la entrega de nuevas tierras a usufructuarios, visitar al campesino y exhortarlo, acudir a la vergüenza de los hombres y las mujeres del campo, acopiarlo todo".

Hundido en la insolvencia financiera, fracasado en el intento de atraer suficientes inversiones extranjeras, sin acceso a los mercados de capital, agravado por la caída del turismo, las remesas disminuidas y los obstáculos para el alquiler de profesionales, el Gobierno cubano no tiene otra salida que introducir reformas.

Las medidas una a una

Demostrada la incapacidad para sacar al país de la crisis sin la participación de otros actores, La Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de FLAMUR han hecho una propuesta para evitar que la agudización de la crisis desemboque en hambruna.

De las cinco medidas planteadas me detengo en las cuatro que considero esenciales e indiscutibles.

1- Libertad para la producción y distribución de nuestros productos.

Su aceptación sería un primer paso hacia una reforma de la propiedad sobre los medios de producción, para que la propiedad privada se emancipe de la actual subordinación a la propiedad estatal y participe en igualdad de condiciones.

2- Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo al mercado.

En un camino viable hacia la restitución de la economía de mercado, que por su papel regulador es la única capaz de hacer crecer la economía, como se ha demostrado a lo largo de la historia humana.

3- Libertad para importar y exportar directamente, incluso de EEUU, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden, por nuestra condición de campesinos independientes.

Este es un punto esencial. Contienen una exigencia básica que apunta contra las trabas internas sobre los productores que comienzan por el freno que representa la empresa Acopio y se extiende al monopolio sobre la exportación y la importación; tres de los obstáculos causantes de las crisis en que Cuba se encuentra. A la vez, este punto desmonta el argumento de que la crisis se debe al embargo norteamericano. Los seis paquetes de medidas que dictó la Administración Obama; la empresa Nestlé que quiso comprar café directamente a los productores cubanos; y los empresarios norteamericanos que proyectaron montar una fábrica de tractores en la Zona Especial de Desarrollo Mariel para venderlos directamente a los campesinos, demuestran la decisión del Gobierno cubano de no desatar las trabas internas.

4- Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.

Esta medida es tan vital y primaria, que podría ocupar el primer lugar. Si se acepta la libertad para producir, distribuir, fijar precios, importar y exportar, que es el contenido de los tres puntos anteriores, la propiedad de la tierra cae por su propio peso como efecto de las anteriores. La principal causa del fracaso de las reformas implementadas después de 2008 está precisamente en el tema de la propiedad. La deficiencia fundamental de los Decretos-Leyes 258, 300, 311... fue conservar la propiedad en manos del Estado ineficiente y mantener al campesino como usufructuario de un bien ajeno.

La implementación de las propuestas de la campaña "Sin campo no hay país", marcarían el camino hacia la democratización de la economía; permitirían la formación de pequeñas y medianas empresas en todos los sectores; la creación de cooperativas basadas en los principios establecidos por la Asociación Cooperativa Internacional; serían el fundamento de un nuevo pacto social; el embargo externo perdería sentido; facilitaría la necesaria normalización de las relaciones con EEUU, el reconocimiento internacional y la obtención de créditos en los organismos crediticios y permitiría al Gobierno salir de un atolladero cuya responsabilidad pesa sobre sus hombros. De lo contrario la hambruna que merodea sobre los cubanos sería inevitable, y en ella, todos, pueblo y Gobierno resultarían perdedores.

Ante un escenario interno y externo desfavorable, el Covid-19 constituye una nueva y última oportunidad para cambiar. No hay otra salida, de ahí lo oportuno y pertinente de la propuesta "Sin campo no hay país".

DIARIO DE CUBA