Esta decisión es anunciada en el marco del estado de “emergencia máxima” que instauró Bukele en las cárceles del país a raíz de la “información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí”.

Ante el aumento de muertes violentas en el país, el Gobierno aseguró que muchos asesinatos son ordenados desde las cárceles por las distintas pandillas.

Las medidas fueron fuertemente criticadas por la organización Human Rights Watch. Su director para las Américas, José Miguel Vivanco, comparó este lunes a Bukele con un “caudillo” y alertó del riesgo de que convierta al país centroamericano “en otra dictadura latinoamericana”.

El director para las Américas de HRW también sostuvo que “todos los días de la pandemia, Bukele aprovecha para degradar más la democracia de El Salvador, concentrar poder y autorizar violaciones a los derechos humanos”.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.

Debido, especialmente, al accionar de esos grupos, El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus altas tasas de homicidios. Las cifras, no obstante, mismas que se han reducido de manera sustancial desde 2015 -cuando registraba 103 por cada 100.000 habitantes- hasta un índice actual de 36 por cada 10.000 en 2019.

En su intento de reducir la influencia de los grupos criminales, Bukele también autorizó “el uso de la fuerza letal” para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos ante el alza de los homicidios registrada desde el viernes y atribuida a las pandillas.

“El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, indicó el mandatario desde su cuenta de Twitter, al señalar que “las maras están aprovechando que casi la totalidad” de la “fuerza pública está controlando la pandemia” del coronavirus.

Añadió que “el Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada” e instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a “procesar a los aliados de las pandillas” por “asociaciones terroristas” y “apología del terrorismo”.

El mandatario también instruyó que los miembros de la Policía y del Ejército den prioridad a atender la escalada de homicidios en medio de la pandemia de COVID-19, lo que supone un duro golpe a la estrategia de contención con la vigilancia de los uniformados en la calle.

Según reportes de la prensa local, que el Gobierno no ha desmentido, el viernes se registraron 23 homicidios en todo el territorio y entre sábado y domingo otros 10 en la zona oriental del país.

Las autoridades no han detallado si los homicidios del viernes están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por el COVID-19. De acuerdo con informaciones de la prensa local, las principales pandillas, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que poseen unos 60.000 miembros, ordenaron a los pobladores de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte.

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