Lidier Hernández Sotolongo, el activista cubano residente en Uruguay, al que la policía política prohibió salir de la Isla en febrero pasado, fue "regulado" por el régimen atendiendo a "razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público", anunció el joven en sus redes sociales.

Hernández explicó que citaron a su madre por teléfono el viernes pasado para que se presentara el miércoles en Cienfuegos donde ella había presentado una reclamación. Durante la entrevista le informaron verbalmente sobre la situación de su hijo.

"Me regulan, como suponíamos, por la ley 302 de 2012 artículo 25 incisos d) y h). Como siempre, se han negado a dar constancia escrita", dijo.

El mencionado artículo 25 aducido por Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior establece que "toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país (…) inciso d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen; e inciso h) Cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas".

Hernández Sotolongo es uno de los coordinadores del Movimiento Acciones por la Democracia y también coordinador en Uruguay del Movimiento Opositor Cubano Somos+.

Las autoridades dijeron verbalmente a la madre del joven que la medida había sido tomada por su participación "en manifestaciones ante la Embajada de Cuba en Uruguay y que esto se consideraba como una agresión, un acto hostil al Estado cubano, al territorio cubano".

El joven recordó que en Uruguay es totalmente legal hacer este tipo de manifestaciones y que los participantes en la protesta nunca entraron a territorio de la embajada de Cuba en Uruguay.

"Una sola vez estuvimos en la acera y no estuvimos ni 15 segundos porque la turba de personas que nos mandaron allí a empujarnos, a ofendernos, nos sacaron a empujones. Así que nosotros nunca hemos agredido el territorio de la Embajada cubana ni mucho menos a su personal diplomático", defendió.

"Si hubiera sido así en Uruguay hubieran hecho alguna denuncia en nuestra contra y no costa nada de eso", consideró.

"Ya estoy en contacto con mi abogado y vamos a proceder a presentar nuevamente una demanda por daños y perjuicios que en su momento fue rechazada porque no había habido un pronunciamiento ni silencio administrativo", anunció.

El activista espera que el Tribunal Supremo atienda con carácter urgente el procedimiento teniendo en cuenta que su familia en Uruguay se encuentra "contra la pared económicamente".

"Yo no vivo en Cuba, no quiero vivir en Cuba, yo vivo en Uruguay, y quiero seguir viviendo en Uruguay, donde está mi esposa, mi trabajo, mis pertenencias, todo (…)", concluyó.

La "regulación" es usada por la Seguridad del Estado cubano para coaccionar, impidiéndoles viajar, a opositores, activistas, periodistas independientes y voces críticas dentro de la Isla. En esta situación se encuentran unas 200 personas.