De hecho, en la última reunión de cancilleres, que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre, los países miembros acordaron adoptar sanciones contra 29 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, en la primera medida concreta adoptada tras la activación de este acuerdo regional de defensa contra la dictadura chavista. En concreto, aplicaron medidas de restricción de ingreso y tránsito a 29 personas -entre ellos ocho militares- en los territorios de los estados parte.

Además, encargaron a la “red operacional del TIAR” que fije “los parámetros y condiciones para las futuras inclusiones y eventuales retiradas de personas y entidades” de esta “lista negra”. También pidieron explorar “mecanismos de intercambio de información, buenas prácticas en materia de cooperación y procedimientos sancionatorios con autoridades técnicas de estados que no son parte del TIAR, y que han sancionado al régimen de Maduro y su entorno”. Los ministros volverán a reunirse en el primer trimestre del 2020.

Luego de la partida de John Bolton como asesor de seguridad nacional, su sucesor, Robert O’Brien ha estado a cargo de la estrategia respecto de la situación venezolana. Elliot Abrams, el enviado especial del Departamento de Estado para el país caribeño, remarcó que el presidente interino Juan Guaidó “sigue siendo el político más popular en Venezuela y Estados Unidos continúa brindándole todo su apoyo a el y a la Asamblea Nacional en sus esfuerzos para recuperar la democracia en el país”.

No obstante, el artículo consignó, la administración de Trump está frustrada ante el hecho de que Maduro continúe en el poder. Por ello, un funcionario norteamericano explicó que el Gobierno evalúa un amplio abanico de opciones para implementar lo que denominó como una “campaña de máxima presión” contra el régimen. El Gobierno rechazó la posibilidad de que Maduro y Guaidó compartan el poder, o una mediación entre ambos liderada por un tercer actor.

En paralelo, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron este jueves un proyecto de ley para extender hasta el año 2021 un estatuto que permite imponer sanciones a funcionarios del régimen, acusados de violaciones a los derechos humanos en Venezuela".