La ONU reaccionó también en idénticos términos sobre la detención de los activistas de la UNPACU Fernando González Vaillant y José Pupo Chaveco. En trámite se encuentra una petición de acción similar sobre el también detenido Roilán Zárraga. Todos se encuentran en paradero desconocido desde que fueran detenidos junto con Ferrer.

En la resolución, Naciones Unidas pide "aclarar de inmediato la suerte y el paradero" de Ferrer, "informar a los familiares, allegados y representantes (...) así como al Comité" sobre Desapariciones Forzadas de las medidas tomadas para protegerlo, "garantizar que esté bajo la protección de la ley" y permitir que "sus familiares y representantes tengan contacto inmediato con él".

El documento también advierte que, de no conocerse el paradero de Ferrer, las autoridades cubanas deben "tomar todas las acciones que sean necesarias (...) para su búsqueda y para la investigación de su alegada desaparición".

También aclara que, de confirmarse que el líder de la UNPACU está detenido, el Estado debe informar el lugar donde se encuentra y permitir a sus familiares visitarlo periódicamente, además de "presentarlo inmediatamente" ante un juez que le informe de los cargos por los que es acusado, dándole acceso a un abogado.

El Comité requirió, asimismo, que La Habana informe sobre las gestiones y "medidas adoptadas" a más tardar el 12 de noviembre próximo.

La resolución de Naciones Unidas se produce en respuesta a la denuncia presentada la pasada semana por Cuban Prisoners Defenders (CPD) ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas por las detenciones de los cuatro activistas.

Tras hacerse pública la demanda de la ONU, el presidente de CPD, Javier Larrondo Calafat, recordó que el Gobierno de "Cuba es firmante y ha ratificado el convenio de Desapariciones Forzadas y está obligada a seguir el mandato que en esa carta se explicita."

Aclaró además que esta no es "una carta de cortesía", pues La Habana tiene que cumplir lo que se le exige "como ahí se dice."

El Gobierno cubano "tiene un problema diplomático en marcha de primera magnitud con la ONU, como consecuencia de la barbaridad que ha hecho en el atropello de derechos de José Daniel y sus compañeros", advirtió.

La esposa de Ferrer, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, ha recorrido numerosas estaciones de Policía de Santiago de Cuba en busca del paradero del exprisionero político del Grupo de los 75, sin obtener resultado ni respuesta positiva.

El pasado viernes fue arrestada junto con tres de los hijos del detenido, incluyendo un bebé de solo cuatro meses, cuando protagonizaban una protesta pública exigiendo del régimen una prueba de vida de Ferrer. Después de horas de arresto y diversas amenazas, la policía política no les ofreció ninguna novedad sobre su ubicación y estado.

CPD recordó en su demanda a la ONU que ya se dieron todos los pasos legales ante el caso: "denuncias ante la Policía, prisión, Comisión de Derechos Humanos, Habeas Corpus, derecho de petición, etc".

El procedimiento de Habeas corpus, presentado el pasado 17 de octubre, y que está normalizado internacionalmente, fue rechazado por el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba.

Hasta el momento, a punto de cumplirse un mes de la detención, ninguna institución oficial ha emitido un documento que permita conocer las causas del arresto de Ferrer, salvo un número de expediente en fase preparatoria que se negaron a entregar y que no es el documento preceptivo para la prisión cautelar cuando se superan los siete días de retención.

"Desde el día 4 de octubre no se tiene noticia alguna de José Daniel Ferrer que sea corroborada formal y fehacientemente por las autoridades, ni prueba de vida del mismo, estando además incomunicado", insistió CPD.

DIARIO DE CUBA