Ese año presentó una denuncia contra el legislador de oposición Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos que intentaba involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas izquierdistas.

En un insospechado giro, la justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en marzo de 2018 una investigación previa contra el ex mandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra el opositor.

El senador Uribe, que alega inocencia, renunció entonces a su curul por sentirse "moralmente impedido" para mantener el cargo y asumir al tiempo su defensa.

Sin embargo, poco después echó para atrás y se mantuvo en el Senado, desde donde ejerce una fuerte influencia en el gobierno del presidente Iván Duque, su protegido político y cuyo partido de derecha, Centro Democrático, se medirá en elecciones locales el 27 de octubre.

Una vez sea escuchado en la corte, los magistrados deberán determinar si Uribe sigue respondiendo en libertad a la investigación en curso, o por el contrario, ordenan su captura mientras concluye el proceso.

La defensa de Uribe ha calificado el expediente como "un montaje", aduciendo que varias de las pruebas contra él fueron recabadas de forma ilegal mediante interceptaciones telefónicas.

Además, el senador ha manifestado en varias oportunidades su inconformismo por la forma en que la Corte ha manejado el proceso, ya que considera que no se lo debió llamar a indagatoria sin haber recibido antes su versión libre.

La ley sanciona con hasta ocho años de prisión los delitos por los que será indagado el ex presidente, el político más influyente de este siglo en Colombia y quien, a través de Duque, logró recuperar el poder para la derecha más crítica del proceso de paz con la disuelta guerrilla FARC.

Con información de INFOBAE/AFP y AP