La discusión es muy técnica y difícil de comprender para los no expertos, así que el tema tardó un par de días en estallar. De hecho, el presidente Mario Abdo trató de presentar el acta casi como un testimonio de orgullo nacional. "Lo que se hizo como gobierno con miras a 2023, cuando va a ser la negociación de Itaipú, es decirle al Brasil: acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie", dijo el mandatario el jueves 25.

El caso se convirtió en una crisis nacional cuando quedó claro que, como consecuencia del acuerdo, Paraguay iba a tener que pagar entre 250 y 350 millones de dólares más por la energía —los cálculos varían según la fuente—, lo que implicaría un inevitable aumento de las tarifas para los hogares. Todo, en beneficio de otro país, y sin contraprestación alguna.

"Hay razones jurídicas por las que el acta en sí era nula. Se hizo de forma secreta, no solamente frente a la opinión pública sino incluso ante la ANDE. El anexo A del tratado de Itaipú prevé que cuando hay un desacuerdo técnico la discusión se eleve a la cancillería de cada país. Pero para eso es necesario que haya primero un dictamen tanto de la ANDE como de Electrobras (su equivalente brasileña), y eso no existió. Solo había un acuerdo firmado entre embajadores en Brasilia. Esa es la razón por la que es nula", explicó el ingeniero Nelson Cristaldo, especialista en energía y ex asesor de Itaipú, consultado por Infobae.

De un momento a otro, se empezaron a convocar protestas en la capital del país y manifestaciones de repudio de todos los sectores sociales y políticos. En un intento desesperado de contener el conflicto, el canciller Luis Alberto Castiglioni anunció el domingo a la noche que se dejaría sin efecto lo firmado, pero ya era tarde. El Partido Liberal Radical Auténtico, la principal fuerza opositora, le dio a Abdo un ultimátum de 24 horas para desplazar a todos los funcionarios involucrados y amenazó con iniciar un juicio político.

"Se generó una crisis de esta envergadura debido a la importancia estratégica que tiene la energía producida por Itaipú para la economía paraguaya, y al gran valor geopolítico que tiene en el imaginario nacional. Era un acuerdo que implicaba un gran aumento de costos, que podía ser trasladado a la población paraguaya, así que fue rechazado fuertemente por los partidos de oposición y por la ciudadanía en general", dijo a Infobae la politóloga Liliana Rocío Duarte, investigadora de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

El Presidente prefirió no comprobar si los legisladores liberales hablaban en serio y les dio lo que pedían. Castiglioni, Saguier Caballero, Alcides Jiménez —que había sido asesor técnico del canciller durante la discusión del tratado y que reemplazó a Ferreira tras su salida— y José Alderete —director paraguayo de Itaipú—, presentaron la renuncia el lunes.

El gesto sirvió para descomprimir, pero el efecto duró muy poco. Ferreira fue invitado el martes a declarar ante la Comisión Especial de Entes Binacionales y Desarrollo del Sistema Eléctrico del Congreso y su exposición fue explosiva. El ex titular de la ANDE contó que en el marco de las conversaciones con Brasil relativas a la renegociación del contrato de Itaipú, un "alto funcionario" que al principio no identificó le pidió que sacara de un borrador una cláusula para habilitar a Paraguay a vender energía en el mercado brasileño.

La nueva evidencia de que representantes del gobierno paraguayo intervinieron para beneficiar a Brasil redobló los pedidos de juicio político. Sobre todo, cuando se conoció que el operador era José Rodríguez González, asesor del vicepresidente Hugo Velázqueze hijo de María Epifanía González, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, que debió dimitir.

Abdo quedó en la cornisa el miércoles a la tarde, cuando Honor Colorado, la rama del oficialista Partido Colorado que responde al ex presidente Horacio Cartes, anunció que apoyaría el juicio político impulsado por la oposición. Estaban los votos para iniciar el procedimiento en la Cámara de Diputados, y la incertidumbre se trasladaba al Senado, encargado de fallar una vez que se abre el juicio.

No obstante, Jair Bolsonaro decidió salvar a su par paraguayo. En un comunicado conjunto difundido este jueves, las cancillerías de ambos países acordaron anular definitivamente el acta de mayo y se comprometieron a negociar un nuevo acuerdo más adelante. Con esa concesión, Honor Colorado dio marcha atrás y retiró su apoyo al impeachment. "El daño fue reparado", dijo Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados.

Una discusión "técnica", con alto voltaje político

Itaipú es la mayor represa hidroeléctrica del planeta en términos de generación de energía. Según estadísticas oficiales, en 2016 batió un récord mundial al producir más de 103 millones de megawatts-hora (MWh). Tiene 20 turbinas que generan 700 MW de potencia cada una, lo que implica una capacidad instalada total de 14.000 MW. Suministra el 76% de la electricidad que consume Paraguay y un 16% de la que usa Brasil.

"El acuerdo bilateral tocó las fibras más sensibles respecto de la soberanía energética, la crisis de representación política y los escándalos de corrupción. Desde sus inicios el tratado de Itaipú se realizó en condiciones desfavorables para Paraguay, en un contexto de gobiernos de corte autoritario en ambos países, en el cual primó el interés económico de Alfredo Stroessner (que gobernó entre 1954 y 1989) y no el desarrollo social, económico y energético. Esta desventaja se mantuvo durante toda la democracia y solo tuvo un revés en el periodo de Fernando Lugo (2008 — 2012), en el que se logró un histórico acuerdo", sostuvo Sarah Cerna Villagra, doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM de México, en diálogo con Infobae.

La usina comenzó a construirse en 1971, tras más de una década de discusiones. Las partes firmaron el 26 de abril de 1973 el Tratado de Itaipú, que fijó un marco legal para su explotación, estableciendo derechos y obligaciones para cada una por un plazo de 50 años. El escándalo de estos días es un derivado de las tensiones que rodean a la renegociación del acuerdo, que debe concretarse antes de 2023.

"En 2008 se llegó a un entendimiento porque Brasil necesitaba la ayuda de Paraguay para habilitar dos turbinas más para generar mayor energía. Como en Itaipú se producen dos tipos de potencia, una cara, cercana a los 40 dólares el MWh, y otra barata, de entre 5 y 6 dólares, Paraguay pidió a cambio poder adquirir un mix de potencias que promedia 27 dólares", contó Cristaldo.

Esa concesión le permitió tener una tarifa muy económica para los usuarios residenciales, y también para las empresas, algo decisivo para atraer inversiones industriales. Esto era lo que se ponía en peligro con el acta firmada en mayo.

"Lo que pretendía Brasil —continuó Cristaldo— era forzar a Paraguay a contratar una mayor proporción de la potencia cara y una menor de la barata, elevando todos los años el promedio del mix de potencias, que iba a llegar a 34 dólares en 2022. Si la ANDE tuviese que comprar a ese precio tendría pérdidas de entre 300 y 350 millones de dólares, sin contar otros puntos del pacto que implicaban costos adicionales".

La centralidad que tiene Itaipú para Paraguay es la razón por la que documentos, memorándums y acuerdos con un alto contenido técnico pueden captar la atención de la opinión pública. Es una institución que atraviesa la cuestión nacional, en un país con una historia marcada por la complejidad de lidiar con vecinos gigantes como Brasil y, en menor medida, Argentina.

"Itaipú, a diferencia de Yacyretá (el complejo hidroeléctrico que Paraguay comparte con Argentina), es una cuestión que despierta nacionalismos, y siempre nos hemos sentidos estafados por Brasil", dijo a Infobae el analista político Alfredo Boccia. "Lo que ha sucedido demuestra una inmoralidad o irresponsabilidad gigantesca de parte del gobierno, y el adjetivo más escuchado es el de traición a la patria. Se considera que estuvieron tratando de hacer negocios con el tema más sensible de la política paraguaya, que es la renegociación de Itaipú. Se supone que Paraguay se juega ahí el futuro de las próximas generaciones para corregir las inequidades del tratado original".

Abdo terminó la semana con vida, pero su futuro es incierto. Está fresco el recuerdo de Lugo, el ex presidente —ahora senador— que fue destituido en un juicio político exprés —considerado por muchos un golpe parlamentario— el 22 de junio de 2012. Fue luego de la crisis política que desató el violento desalojo de una ocupación campesina que terminó con 17 muertos.

De todos modos, las diferencias entre Abdo y Lugo son notables. Para empezar, el ex obispo era un outsider de centroizquierda que desafiaba al establishment político y que no tenía un partido propio, sino que ascendió gracias a una inesperada alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico. Es decir que era alguien que molestaba y, al mismo tiempo, estaba en una posición política de extrema debilidad, especialmente en el Parlamento. Por eso fue tan fácil destituirlo.

En cambio, Abdo es un dirigente tradicional, hijo del secretario privado de Stroessner, y miembro del dominante Partido Colorado. Está lejos de incomodar al resto de la clase política y cuenta con una importante estructura legislativa. Lo que le juega en contra es que los colorados están divididos en facciones y él sólo controla una.

"La presidencia queda aún más debilitada de lo que ya estaba —dijo Duarte—. Abdo asumió con escaso margen de victoria y sin una mayoría parlamentaria alineada, lo cual mantiene a su gobierno en un equilibrio inestable. Debido a la gran importancia estratégica del acuerdo de Itaipú y al perfil político de los funcionarios renunciantes, la oposición tuvo una ventana de oportunidad para poner fin a su presidencia".

Si bien el giro de último momento ensayado por el sector que responde a Cartes le permite seguir en el poder, le quedan cuatro largos años por delante hasta el 15 de agosto de 2023, cuando culmine su mandato. No está claro si podrá impulsar una agenda propia después de este golpe.

"Lo irónico de todo esto es que, bajo la figura del juicio político, el telón de fondo no es hacer justicia, sino ajustes de carácter político para apuntalar una nueva correlación de fuerzas que sea más favorable a los sectores políticos mayoritarios en ambas cámaras", sostuvo Cerna Villagra. "Abdo, como otros que lo antecedieron, no ha tenido la cintura política para equilibrar los intereses de su facción con los de otras fuerzas, y eso le puede costar caro. Desde la elección en 1993 de Juan Carlos Wasmosy, primer presidente democrático del país, todos los mandatario han enfrentado una amenaza de juicio político. En dos casos prosperó: Raúl Cubas Grau en 1999 (renunció antes de ser destituido) y Lugo en 2012".

INFOBAE