De los 1.285 militares y policías venezolanos que, según Migración Colombia, han ingresado al país desde febrero del 2019, 1.225 están obligados a renovar el salvoconducto de permanencia cada mes. El primero se los otorgaron por 5 días. Solo 60 de los exuniformados del vecino país, por poseer la doble nacionalidad, no tienen problemas para permanecer en Colombia.

La totalidad de los exintegrantes de la Fuerza Pública que entraron a Colombia lo hicieron por tres puntos fronterizos: Norte de Santander, La Guajira y Arauca, y la mayoría ingresaron sin armamento y vestidos de civil.

Aunque los 1.225 de nacionalidad venezolana ya pidieron que se les concediera el estatus de refugiados, que se otorga a perseguidos políticos, ninguno ha obtenido todavía una respuesta.
​
Conseguir ese estatus no es sencillo. Cada solicitud es estudiada por la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado de la Cancillería. “Es un proceso demorado y de mucho cuidado porque se verifican los antecedentes y las motivaciones aportadas, con pruebas, de cada solicitante de refugio. En este caso, la gran mayoría se declararon como perseguidos”, le dijo a EL TIEMPO una fuente de Migración Colombia.

El último caso de un venezolano al que se le concedió el estatus de refugiado fue al opositor del gobierno de ese país, Julio Borges, en octubre del año pasado. Él, según la comisión de la Cancillería, sustentó con pruebas que era un perseguido político.

Los militares y policías que ingresaron a Colombia con armas y uniformes tuvieron que dejarlos bajo custodia del Ministerio de Defensa, pues el protocolo para los uniformados incluye una declaración según la cual se alejan de su actividad militar y de seguridad.

Permanecen en Colombia bajo la categoría de civiles. Y previo a la apertura de su historial como extranjeros (huellas y fotografías) solicitaron ante el Estado el estatus de refugiados.

La mayoría de los militares y policías venezolanos que han entrado al país están ubicados en Norte de Santander, especialmente en Cúcuta y Villa del Rosario. 

En ese departamento abrieron cinco puntos de atención que albergan a 736 exmiembros de las Fuerzas Armadas del vecino país. Otros 120 están entre Arauca y La Guajira.

El resto acudió a la red familiar o amigos residentes en Bogotá o Medellín, según la fuente de Migración Colombia, que hizo énfasis en que es obligatoria su presentación cada mes para renovar el salvoconducto. “Es una forma de llevar un control, saber a qué se dedican y en qué actividades andan”, agregó.

Prometieron cesar su actividad militar

Sobre esta situación, Felipe Muñoz, gerente de la frontera con Venezuela, señala que “fueron acogidos, de manera generosa, como civiles”.

Añade que los militares y policías firmaron, cada uno, un documento en el que se comprometieron a cesar de manera absoluta sus actividades de carácter militar, porque de lo contrario no podían comenzar el proceso para solicitar estatus de refugiados.

“Cualquier actividad militar pone en riesgo su aspiración al refugio y su estancia en Colombia. Esto no está autorizado ni patrocinado de parte alguna del Gobierno”, puntualizó Muñoz.

La permanencia de los antiguos uniformados venezolanos en nuestro país es financiada en gran parte por organizaciones de ayuda humanitaria internacionales.

EL TIEMPO; COLOMBIA/JUSTICIA
En Twitter: @PazyJusticiaET