Carlos Contreras es uno de los casi 800.000 funcionarios federales en EE. UU. que desde el pasado 22 de diciembre no recibe su sueldo gracias a la disputa en la que se encuentran demócratas y republicanos por la construcción de un muro en la frontera con México y que tiene bloqueada, de momento, una ley de presupuesto para financiar las actividades de por lo menos el 25 por ciento de la fuerza pública.

Contreras, inmigrante mexicano, es empleado civil en el departamento de Defensa y por lo tanto uno de los primeros que vio su pago suspendido. “Llevo varios años trabajando para el gobierno y este tipo de cierres son relativamente frecuentes. Hubo varios durante el gobierno de Obama y por lo general terminan en un par de semanas con algún acuerdo que prevé el pago retroactivo de los salarios pendientes”, dice Contreras.

Aunque no le gusta entrar en temas políticos, para este funcionario es triste que los empleados públicos terminen siendo siempre las víctimas de disputas que poco tienen que ver con sus funciones.

“Terminamos siendo rehenes de un embrollo del que no somos parte. Si van a autorizar o no fondos para construir un muro es algo que no debería afectar a los trabajadores que mantienen los parques nacionales, garantizan la seguridad aeroportuaria o prestan servicios como el mío, que sirven para mantener las estructuras físicas del aparato de defensa”, sostiene el funcionario con algo de frustración.

Por ahora, sostiene, Contreras no tiene más remedio que armarse de paciencia y aprovechar los “días libres” que le ha tocado tomarse desde que arrancó el cierre.
De hecho, afirma, le llegaron en buen momento pues coincidieron con las vacaciones de diciembre de sus hijos y pudo compartir con ellos un tiempo que de otra manera no hubiese tenido.

“Gracias a Dios –dice– tengo algunos ahorros en el banco y puedo darme el lujo de seguir nuestro tren de vida sin que nos afecte tanto. Además, si nos pagan retroactivo una vez se solucione el problema, veo esto como un préstamo que hago contra mis propios ahorros pero que voy devolver”, dice.

Pero su caso no es el de todos. A diferencia de Contreras, que se encuentra “en licencia”, miles de funcionarios sí han tenido que seguir asistiendo a sus trabajos a pesar de no recibir pago.

Para otros, la situación es mucho más grave porque no cuentan con el colchón financiero que tiene Contreras pues dependen de su pago quincenal o mensual para poder cumplir con sus obligaciones financieras.

Tom Shriver por ejemplo, otro empleado del gobierno en el Departamento de Estado, está casi en pánico pues pronto se acerca el pago de la hipoteca de su casa y no dispone de fondos suficientes para cubrir ese costo si no recibe su salario.

“Hemos pedido prestado a amigos y estamos en conversaciones con el banco. Si nos dijeran que esto es solo un par de semanas pues uno aguanta. Pero todo indica que va para largo y eso para nosotros sí es grave”, sostiene Shriver, que tiene 3 hijos en edad escolar.

Esta es la tercera vez que el gobierno federal cierra desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

En esta ocasión el tema de discordia son unos US$ 5.700 millones de dólares que el mandatario quiere para construir el muro que prometió en la frontera con México.
Los demócratas, que ahora controlan la Cámara de Representantes, se niegan a autorizar esos recursos pues consideran que hay otras medias más efectivas para controlar el flujo de ilegales que la erección de un muro.

Las conversaciones entre ambos sectores continuaban esta semana pero de momento no se ve un acuerdo en el horizonte.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington