El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) pidió a La Habana numerosas rectificaciones en su política al respecto, que van desde el tratamiento a los activistas que luchan contra el racismo, hasta las garantías para cubanos afrodescendientes en el mundo laboral, el freno a los abusos de la Policía y la mención explícita de la discriminación racial en la Constitución y el Código Penal.

En un documento dado a conocer este jueves, tras analizar informes de La Habana y denuncias de activistas y grupos independientes, el CERD expresó "profunda" preocupación por los reportes de "acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización" contra defensores de derechos humanos, periodistas y otros "que trabajan en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes".

Mencionó las reiteradas informaciones de arrestos de esos activistas, así como la prohibición de salir del país que han sufrido muchos de ellos cuando han debido asistir a reuniones organizadas por mecanismos internacionales.

En particular, el CERD criticó "la restricción impuesta a los defensores de derechos humanos para viajar y poder participar del examen (…) llevado a cabo con relación al informe presentado por el Estado" cubano.

El organismo de la ONU analizó a Cuba los pasados 15 y 16 de agosto. El régimen impidió asistir a las sesiones, realizadas en Ginebra, a Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del independiente Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).

El comité pidió al Gobierno que investigue "todo acto de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización contra defensores de derechos humanos, y castigue debidamente a los responsables".

Lo exhortó a eliminar las "restricciones arbitrarias" para que los activistas puedan "asistir y participar" en las reuniones y trabajos de los mecanismos internacionales, y a realizar "campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fundamental que realizan los defensores de derechos humanos, a fin de fomentar un entorno seguro y propicio" para su labor.

Como hizo el Consejo de Derechos Humanos al realizar el Examen Periódico Universal de Cuba en mayo pasado, el CERD dijo estar "preocupado por la falta de una institución nacional encargada de la protección y promoción de los derechos humanos", y llamó al Gobierno cubano a establecer una entidad de ese tipo, "independiente", que dentro de su trabajo dé "seguimiento a la lucha contra el racismo y la discriminación racial".

El racismo, fuera de la Constitución

El CERD mencionó en su informe el proceso para la elaboración de una nueva Constitución castrista que tendrá como consecuencia cambios en el Código Penal. Alertó que el proyecto de Carta Magna no contempla "una definición y prohibición clara y explícita de discriminación racial" ni "los actos de discriminación directa e indirecta".

Recomendó que el nuevo Código Penal incluya "la tipificación como delito" de la discriminación racial y la considere "circunstancia agravante" en las penas impuestas.

El CERD señaló "la ausencia de procesos judiciales y sentencias condenatorias por actos relativos a discriminación racial" en Cuba. Afirmó que esto "puede deberse a la falta de información de las víctimas" sobre los recursos disponibles y recomendó "asegurar que todas las denuncias sobre discriminación racial sean investigadas de forma exhaustiva e independiente", capacitar al respecto para funcionarios públicos, fiscales, jueces y fuerzas del orden, y que los afectados "tengan fácil acceso a recursos jurídicos rápidos y eficaces, así como a una indemnización".

El organismo advirtió, por otra parte, que la población afrodescendiente cubana "continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural", lo cual "se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales".

"Preocupan al comité los desafíos que enfrenta esta población para acceder al mercado de trabajo, las bajas tasas de representación en puestos de decisión tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que le afecta de manera desproporcionada", dijo.

Pidió a La Habana "implementar las medidas especiales necesarias" para poner fin a esa situación; "eliminar todos los obstáculos que impiden (a los afrodescendientes) el disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales (…) especialmente en las esferas del trabajo, vivienda, participación política y representación en cargos de decisión", y "combatir la pobreza, la exclusión social y marginación que afecta de manera desproporcionada" a esa población.

Mayoría en las cárceles

En contraste con la falta de protección en las leyes, una de las críticas recurrentes de los activistas cubanos contra la discriminación racial es que los afrodescendientes son mayoría en las cárceles de la Isla.

El comité de la ONU lamentó la falta de información oficial exhaustiva al respecto y recomendó al Estado asegurar que la variable del origen étnico "sea utilizada en los registros de detención, a fin de obtener información fiable sobre la población penitenciaria".

En el mismo sentido, dijo haber recibido denuncias "sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden en contra de personas afrodescendientes y por la falta de información adecuada sobre las medidas adoptadas por el Estado para investigar tales casos".

Instó al Gobierno a asegurar "el respeto del principio de proporcionalidad y de estricta necesidad en el uso de la fuerza"; investigar las denuncias de "malos tratos y abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", y enjuiciar y castigar a los autores.

Además, velar por que los afrodescendientes víctimas del uso excesivo de la fuerza por agentes del orden "tengan acceso a recursos efectivos e indemnización, y no sean objeto de represalias por haber interpuesto una denuncia".

El CERD manifestó también preocupación por "los informes que dan cuenta de las múltiples formas de discriminación" que enfrentan las mujeres afrodescendientes, con "mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, así como a oportunidades de participación y representación política y cargos de decisión".

Pidió al Gobierno cubano que "incluya una perspectiva de género en todas las políticas y estrategias contra la discriminación racial".

DIARIO DE CUBA