Jennifer Estrada se plantó la mañana del pasado lunes en las puertas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, para conocer el paradero de su hermano, Byron, un estudiante de odontología de 23 años que fue arrestado el fin de semana en León –enclave turístico localizado a 97 kilómetros al noroeste de la capital–, cuando participaba en una protesta contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

A Jennifer la acompañaban decenas de familiares que, desesperados, querían saber el estado de sus hijos, padres o hermanos, detenidos en la que fue una intensa redada de opositores registradas en Nicaragua el fin de semana y que dejó, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), al menos 32 personas detenidas “de forma ilegal”. 

Ya suman, según esta organización, más de 400 “presos políticos” encarcelados en las celdas del país, muchos de ellos en la temida DAJ, conocida popularmente como El Chipote y denunciada como centro de tortura.

“No sabemos de qué se le acusa. Un comisionado de la Policía nos dijo el sábado que son señalados de terrorismo, que eran terroristas y golpistas”, explicó Jennifer, una joven blanca, de baja estatura y muy activa, que ha participado en las protestas contra el régimen y que mantiene en sus redes sociales un discurso crítico contra Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Jennifer afirmó que aunque desde el sábado no han podido ver a su hermano, una fuente de El Chipote les dijo que estaba “inconsciente”, golpeado, “con el rostro desfigurado” y sin atención médica. “No tenemos certeza de que mi hermano esté bien. Creemos que los demás muchachos también han sido torturados, según lo que nos dijo la fuente policial”, aseguró la joven.

El fin de semana se registraron manifestaciones en varias ciudades importantes del país. Las más grandes se organizaron en las coloniales León y Granada. La Policía bloqueó las vías que conectan la capital con Granada, a 45 kilómetros, para impedir que los capitalinos participaran en la protesta. El CENIDH reportó que 21 personas que intentaban llegar hasta ese enclave turístico para participar en la manifestación fueron detenidas y llevadas a El Chipote, entre ellas la documentalista estadounidense-brasileña, Emilia Mello, quien más tarde fue deportada. Mello aseguró que durante su detención de 30 horas sufrió “maltratos psicológicos”. Junto a ella fueron liberados varios de los estudiantes capturados que pretendían llegar a Granada, aunque todavía se mantienen detenidos decenas de opositores arrestados el fin de semana en Carazo, Matagalpa, León y otras ciudades del país.

La manifestación de León estaba encabezada por estudiantes universitarios que se han declarado en rebeldía. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en su campus de esta ciudad colonial han exigido que los universitarios regresen a clases y que la universidad “vuelva a la normalidad”, pero los estudiantes respondieron con una “desobediencia estudiantil” y han mantenido las manifestaciones. El sábado fueron detenidos siete miembros del movimiento universitario y hasta ahora siguen apresados en El Chipote. Entre ellos está Byron Estrada, cuya liberación es gestionada por abogados del CENIDH junto a sus familiares. “Están demostrando desesperación, a tal punto que están secuestrando estudiantes, pero se equivocan, porque esto nos da un motivo más para seguir protestando”, dijo Yerri Estrada, de 23 años y estudiante de Medicina en la UNAN.

Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIDH, dijo que estas capturas demuestran que la represión continúa en el país, a pesar del discurso oficial de que Nicaragua ha recuperado “la normalidad”, tal y como ha declarado el presidente Ortega en entrevistas con cadenas internacionales. “Esta cacería es la demostración de que la represión no cesa. El régimen quiere descabezar la protesta, cortarla de raíz, pero no ha podido lograrlo ni con sus escuadrones de la muerte”, dijo Carrión en referencia a los grupos irregulares armados que han impuesto zozobra y un estado de terror en las ciudades de Nicaragua. “El régimen está desesperado. Lo que no entiende es que a más represión, más rebelión. Quieren regresar a una normalidad que ya no existe”, agregó el activista de derechos humanos.

Para el CENIDH los más de 400 detenidos en las cárceles de Nicaragua pueden ser usados en una futura negociación con el Gobierno, cuando intente buscar una salida a la crisis, pero beneficiando con una posible amnistía al presidente Ortegay su círculo más cercano. “Llenar las cárceles con presos políticos busca propiciar un escenario político para buscar una salida con borrón y cuenta nueva”, advirtió Carrión.

Nicaragua cumplió más de cuatro meses de protestas, que han dejado 322 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, aunque organizaciones de derechos humanos locales afirman que la cifra puede superar las 400 víctimas mortales. La violencia también ha dejado más de dos mil heridos y centenares de detenidos, entre ellos Byron Estrada, el joven estudiante de odontología. “Exijo que a Byron se le respeten sus derechos y que lo regresen vivo”, clamaba el lunes Jennifer, su hermana, que esperaba, junto a decenas de familiares, noticias de los apresados en las afueras de “El Chipote”.

Condena por el asesinato de un periodista

La noche del lunes fueron declarados culpables los jóvenes afronicaragüenses Brandon Lovo y Glen Slate, acusados por el asesinato del periodista Ángel Gahona, quien murió el 21 de abril cuando cubría las manifestaciones antigubernamentales en Bluefields, ciudad del Caribe de Nicaragua. Los familiares de Gahona negaron que Lovo y Slate –que apenas hablan castellano– hayan asesinado al reportero y culpan a oficiales de la Policía. Los defensores de los jóvenes dijeron que el juicio estuvo “plagado de irregularidades” y exigieron su liberación. “Esta es una viva demostración de que el Poder Judicial de Nicaragua no tienen la más mínima pizca de independencia. Los operadores de justicia son la continuación de la dictadura, un instrumento partidario de la represión por la vía de la judicialización. A estos jóvenes los condenaron sin tener los más mínimos elementos de pruebas. Ellos son inocentes y esta es una condena arbitraria e ilegítima. Son los primeros reos políticos condenados por la dictadura”, afirmó Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

EL PAIS; ESPANHA