La investigación sobre los abusos cometidos por más de 300 religiosos contra una cifra superior a los 1.000 menores que acontece en Pensilvania reveló que al menos desde 1963 el Vaticano conocía algunos de esos casos, informó El País.

El Vaticano, no obstante, se habría mostrado tolerante ante tales hechos, que según las revelaciones del caso, se han estado produciendo por alrededor de siete décadas.

Tras dos días de silencio, la Santa Sede mostró el jueves "su vergüenza" por los abusos "criminales" en Estados Unidos y señaló que "deberían asumirse responsabilidades".

La palabra Vaticano aparece 45 veces en el escalofriante informe del gran jurado de Pensilvania, que destapa una maquinaria de silencio y encubrimiento ante los excesos de los curas.

La Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de salvaguardar la correcta doctrina de la Iglesia católica, es mencionada 14 veces, y la Santa Sede, 11.

Según se desprende del documento de 1.356 páginas, Roma fue informada en repetidas ocasiones tanto de las agresiones sexuales como del hecho de que la Iglesia estadounidense estaba encubriendo a curas pederastas.

Al desvelar el martes los hallazgos de la investigación, el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, advirtió que los patrones de encubrimiento "se alargan en algunos casos hasta el Vaticano". La primera vez que aparece mencionado el Vaticano en el informe es en 1963 y la última en 2015, cuando el papa Francisco ya estaba al frente de la máxima institución del catolicismo y se habían prometido reformas contra los abusos.

Ese mismo año, el Vaticano dio luz verde a una petición de apartar a un cura acusado por un delito de pornografía infantil. Un año antes, sin embargo, no puso en apariencia reparos a la decisión de la diócesis de Allentown de no apartar del sacerdocio a un religioso que, en los años ochenta, había tocado los genitales de un niño de 13 años.

El primer caso que conoció el Vaticano hace más de medio siglo concierne al cura Raymond Lukac, de la diócesis de Greensburg. En 1963, Lukac acumulaba al menos tres quejas conocidas de abusos sexuales y varias sobre trato inapropiado a menores en poblaciones distintas, pese a haber prometido mejorar su conducta. Lukac había tenido una relación con un organista de 18 años, se había casado siendo cura y había tenido un hijo con una chica que conoció cuando ella tenía 17, además de abusar de otra niña de 11 años.

Con estos antecedentes, el obispo de Greensburg, William Connare, se comunicó con el Vaticano en octubre de 1963. Lukac trabajaba entonces en un centro religioso a las afueras de Chicago y, por su mala conducta previa, no podía escuchar confesiones. Él le pidió a Connare que le fueran restauradas todas sus funciones y así lo solicitó este en persona a la Santa Sede, que dio su aprobación.

En su informe, el gran jurado de Pensilvania concluye que "los obispos que colaboraron para mantener a Lukac activo en el sacerdocio lo hicieron sabiendo que él suponía un riesgo para la población y fueron, por tanto, cómplices con el abuso que cometió".

Las técnicas usadas por los obispos de Pensilvania para acallar las voces críticas y las denuncias de afectados y familiares incluían el alejamiento de los curas pedófilos, su "secularización", excedencias y tratamientos en centros de salud mental, entre otras cosas.

Según el gran jurado, el Vaticano estuvo en contacto con varios obispos de Pensilvania y recibió información sobre los casos de abusos, pero el informe no siempre detalla qué repercusiones tuvieron estas comunicaciones. En 1988, por ejemplo, una mujer envió una carta a la diócesis de Pittsburgh y al Vaticano para pedir ayuda ante el abusador de su hijo, y nunca recibió respuesta.

El presidente de la conferencia episcopal estadounidense, Daniel DiNardo, aseguró el jueves que la Iglesia sufre una "catástrofe moral" tras las revelaciones de abusos en la diócesis de Pensilvania y la decisión del Vaticano, a finales de julio, de apartar a Theodore McCarrick, arzobispo emérito de Washington, acusado de cometer agresiones contra menores décadas atrás sin que eso le impidiera escalar en las instituciones católicas.

En un duro comunicado, DiNardo, en el cargo desde 2016, aseguró que una de las "raíces" del problema es el "fracaso en el liderazgo episcopal" y pidió que sea mucho más fácil denunciar abusos y que las respuestas sean más rápidas y transparentes.

Dentro de la estricta jerarquía eclesiástica, solo el Papa tiene la potestad de disciplinar o expulsar a obispos.

DIARIO DE CUBA