El Consejo Federal (Gobierno) de Suiza promulgó el miércoles sanciones contra el régimen de Venezuela y congeló los fondos de siete altos funcionarios, entre ellos el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema, reportó EFE.

Suiza justifica las medidas "a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas", informó el ejecutivo en un comunicado. Estas sanciones siguen a las impuestas por la Unión Europea. Concretamente, el Consejo Federal ha congelado fondos y ha prohibido la entrada en Suiza a siete altos cargos.

Entre ellos destaca Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia "por haber facilitado y apoyado las acciones y políticas del Gobierno que han socavado la democracia y la ley y el orden en Venezuela, y es responsable por acciones que han usurpado la autoridad a la Asamblea Nacional".

También ha sido sancionado Tarek William Saab Halabi, fiscal general porque "en su previo rol como Defensor del Pueblo socavó la democracia y la ley y el orden en Venezuela por apoyar acciones contra oponentes del Gobierno y el retiro de competencias a la Asamblea General".

Asimismo, la medida afecta al vicepresidente primero del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, "envuelto en socavar la democracia y la ley y el orden en Venezuela".

También ha sido sancionado el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Revero, a quien Suiza considera "responsable de serias violaciones a los derechos humanos y represión de la oposición democrática en Venezuela, incluyendo la prohibición y represión de manifestaciones políticas".

El jefe del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Gustavo Enrique González López, también es sancionado por ser supuestamente "responsable de serias violaciones a los derechos humanos (incluyendo detenciones arbitrarias, trato inhumano y degradante y tortura), y represión de la sociedad civil y la oposición democrática".

La medida también afecta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramírez porque "sus acciones y políticas han socavado la democracia y la ley y el orden en Venezuela, incluyendo facilitar el establecimiento de la Asamblea Constituyente".

Asimismo, Suiza acusa al jefe del gobierno del Distrito Capital y comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides, "de estar envuelto en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, y ser responsable de serias violaciones a los derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando".

Además, el Consejo Federal ha establecido un embargo de venta y exportación de equipamiento militar y los bienes "susceptibles de ser usados con fines represivos".

Asimismo, se prohíben la venta de equipamientos y tecnología que puedan servir a la vigilancia o para interceptar comunicaciones telefónicas o de internet.

El texto especifica que el Gobierno helvético está "gravemente preocupado por las violaciones repetidas de las libertades individuales de los venezolanos, donde el principio de la separación de poderes se ve severamente afectado y donde el proceso para las próximas elecciones sufre un fuerte déficit de legitimidad".

El ejecutivo suizo llama a Venezuela a "restaurar la integridad del proceso electoral y a promover un espacio democrático incluyente y plenamente respetuoso de su marco constitucional y legal y de su obligaciones internacionales".

Rick Scott sanciona una ley que veta los negocios vinculados con Nicolás Maduro

En presencia de representantes de la comunidad del exilio venezolano en Florida, el gobernador Rick Scott firmó el miércoles en Miami la ley que prohíbe al estado y a sus agencias hacer negocios con empresas que hayan realizado transacciones comerciales o hayan "colaborado" con el Gobierno venezolano, precisó otro reporte de EFE.

El republicano, quien se prevé que presente en abril próximo su campaña para el Senado federal, sancionó el proyecto de ley aprobado por el Legislativo estatal en un popular restaurante venezolano en la ciudad de Doral, aledaña a Miami, y de gran población de inmigrantes de Venezuela.

Rodeado de pancartas en las que los venezolanos pedían la "injerencia humanitaria" y rechazaban las "falsas elecciones en Venezuela", Scott firmó la ley, encaminada a vetar las inversiones estatales "que beneficiarían al Gobierno opresivo de Nicolás Maduro".

La legislación busca prohibir que cualquier agencia estatal invierta en Venezuela y ejercer aún más presión financiera sobre el régimen de Maduro.

Uno de los autores de la iniciativa fue el senador demócrata José Javier Rodríguez tras descubrirse la compra hecha por Goldman Sachs de 2.800 millones de dólares en bonos a la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA.

Los últimos años, el gobernador Scott se ha convertido en un fuerte crítico de los gobiernos de Venezuela y de Cuba, y ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con la libertad y la democracia de ambas naciones.

Recientemente, Scott urgió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a hacer un llamado por la exclusión del régimen de Raúl Castro en la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril próximo en Lima (Perú).

DIARIO DE CUBA