El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil pidió este lunes aumentar la sentencia de nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero dictada por el juez Sergio Moro contra el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), reporta AFP.

La apelación solicitó, asimismo, condenar al exmandatario por irregularidades en el almacenamiento de bienes oficiales, un cargo por el que había sido absuelto por "falta de pruebas" en la sentencia publicada el 12 de julio.

El equipo de fiscales de la operación Lava Jato, que investiga millonarios desvíos de dinero en Petrobras, también solicitó aumentar la indemnización por los crímenes cometidos de 16 millones de reales (cinco millones de dólares) estipulados por Moro, a 87 millones de reales (casi 28 millones de dólares al cambio actual).

Lula, de 71 años, fue condenado como beneficiario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en la petrolera estatal.

El MPF invoca una ley que determina que "una pena será agravada" si quien la comete "promueve u organiza la cooperación con el crimen o dirige la actividad de los demás agentes".

Afirma además que "el costeo de los gastos del expresidente Lula por el Grupo OAS, representado por el ejecutivo Léo Pinheiro [de OAS], estaba contaminado, desde el comienzo, por intereses ocultos y fue practicada con clara intención criminal".

El juez Moro interrogará a Lula el próximo 13 de septiembre por otro proceso, también en el marco de la Operación Lava Jato, que busca determinar si recibió sobornos de grupo Odebrecht.

Antes, el 17 de agosto, Lula iniciará una caravana de tres semanas por 28 ciudades del empobrecido noreste del país, donde tiene sus principales bases de apoyo.

La Fiscalía brasileña prorroga por un año la operación Lava Jato

La Fiscalía brasileña prorrogó este martes por un año más la operación Lava Jato, que comenzó en 2014 y desveló la red de corrupción que operaba en la estatal Petrobras, que luego llevó a descubrir tramas similares en países de América Latina y África, informa EFE.

La decisión de extender las investigaciones durante otros 12 meses fue tomada en una reunión del Consejo Nacional del Ministerio Público, que por última vez fue presidido por el fiscal general Rodrigo Janot, quien concluirá su período al frente de ese organismo en septiembre próximo.

La semana pasada, el Ministerio Público también determinó que el presupuesto que destina a la operación Lava Jato pasará en 2018 a 1,6 millones de reales (512.820 dólares), frente a los 522.600 reales (167.500 dólares) con que contó este año.

La investigación destapó una vasta red integrada por directores de Petrobras, políticos de una decena de partidos y empresarios, que amañaba contratos con la petrolera e inflaba sus precios para repartir luego las diferencias entre sus miembros.

Luego se descubrió que esas mismas prácticas se reproducían en otras empresas públicas, con la participación de los mismos agentes tanto en el sector privado como en la política.

De acuerdo a balances oficiales, en tres años y medio han sido condenados a prisión 157 de los investigados, con penas que suman un total de 1.563 años de prisión.

Entre los condenados, aunque por ahora solo en primera instancia, figura Lula da Silva, quien recibió una pena de nueve años y medio de cárcel que solamente será efectiva si es confirmada por un tribunal superior.

Investigaciones derivadas de la operación Lava Jato permitieron además llegar a otros asuntos, como supuestos sobornos recibidos por el actual presidente brasileño, Michel Temer, que llevaron a la Fiscalía a denunciarle por el presunto delito de corrupción pasiva.

La denuncia será evaluada este miércoles por la Cámara de Diputados y, en caso de que reciba el respaldo del pleno del ese órgano legislativo, el mandatario puede ser suspendido por seis meses para responder a un juicio tras el cual sería destituido de ser hallado culpable.

Así como ha estremecido a la política brasileña, la investigación ha permitido descubrir prácticas corruptas en Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, Angola y Mozambique, en estos casos vinculadas a la firma Odebrecht, una de las más implicadas en Brasil.

DIARIO DE CUBA