Los abogados defensores de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, recusaron a 17 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) previo al proceso de enjuiciamiento que, se prevé, inicie este martes en el Alto Juzgado contra la funcionaria, informó el lunes el Ministerio Público (MP), reportó EFE.

En un comunicado el organismo indicó que los abogados recusaron a 17 de los 32 miembros de la Sala Plena del Supremo por "irregularidades en el proceso de solicitud de antejuicio de mérito" contra la fiscal.

Asimismo, remarcaron que el Poder Judicial debe pronunciarse antes de la audiencia que dará inicio al proceso de enjuiciamiento previsto para mañana.

Según la nota oficial, la denuncia admitida contra Ortega Díaz "se sustenta en que supuestamente la denunciada no avaló el proceso de selección de 13 magistrados que integran la Sala Plena del TSJ, por lo que ellos no deberían conocer sobre este caso, pues forman parte de lo señalado" por el denunciante, el chavista Pedro Carreño.

Ortega Díaz también ha emprendido acciones contra los magistrados de la Sala Constitucional por lo que estos estarían "inhabilitados para conocer cualquier causa contra" ella.

Entre otras supuestas irregularidades los juristas destacaron que Carreño promovió como prueba "el contenido de una decisión que aún no había sido publicada ni se conocían sus argumentos" y que la denuncia contra Ortega Díaz fue recibida "a una hora en la que ya había culminado el despacho de la Sala Plena".

El Supremo aprobó el pasado miércoles las medidas cautelares solicitadas por Carreño contra la fiscal general que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias.

Dicha decisión, según el TSJ, fue tomada por unanimidad por todos los magistrados del Supremo "en aras de garantizar el cauce procesal respectivo".

Señaló además que se prohibió a la abogada de 59 años enajenar y gravar sus bienes, y reiteró que la solicitud de antejuicio de mérito presentada el pasado 16 de junio por Carreño estuvo motivada "por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo" como fiscal general.

Inicia la fiscalización al Ministerio Público

Por otra parte, el contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, anunció el lunes el inicio de una fiscalización al Ministerio Público por sus actividades durante la gestión de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, un procedimiento inédito en medio del enfrentamiento de la titular de la Fiscalía con el Gobierno.

La actuación evaluará "los procedimientos administrativos presupuestarios y financieros ejecutados durante los ejercicios fiscales comprendidos desde el primero de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2017 por la Fiscalía General de la República", dijo el contralor en una declaración pública.

El procedimiento evaluará las distintas áreas y dependencias de la Fiscalía, y se inició en el mismo momento del anuncio de Galindo con el despliegue de funcionarios de la Contraloría —órgano de control de cuentas públicas— a sedes de la Fiscalía en distintos puntos del país.

"Es decir, se han instalado comisiones de este máximo órgano contralor en la sede administrativa del Ministerio Público, en las fiscalías superiores regionales, y en las fundaciones", indicó.

Adelantó que en "el supuesto negado de que sean detectados indicios suficientes, pertinentes y oportunos de alguna irregularidad administrativa, se dará inicio a los procedimiento a que haya lugar".

Para este procedimiento el contralor delegó sus competencias expresas a los regionales de los estados que conforman el territorio nacional, que "tendrán las mismas atribuciones del contralor de la república para este caso en específico", dijo.

Advirtió de que la negativa a entregar informes, libros o documentos que sean requeridos dentro del plazo fijado "traerá como consecuencia la imposición de sanciones previstas en la ley".

Galindo defendió por adelantado las motivaciones de la Contraloría a esta acción "inédita, nueva en Venezuela y quizá en el mundo, lo que podría generar una matriz de opinión distinta a los objetivos".

La investigación al Ministerio Público se suma a un conjunto de acciones legales que enfrenta su titular después de pronunciarse en contra de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, y contra la actuación de los cuerpos de seguridad en la ola de protestas antigubernamentales iniciadas el 1 de abril.

Además de este procedimiento, está pendiente el acto de "antejuicio de mérito" contra Ortega Díaz para determinar motivos para enjuiciarla y separarla de su cargo.

El máximo tribunal venezolano también aprobó las medidas cautelares solicitadas por el oficialismo de prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas bancarias.

DIARIO DE CUBA