La Fiscalía venezolana imputó este viernes a un segundo general de la Fuerza Armada por supuestas violaciones de derechos humanos, informó este viernes el organismo, elevando aún más la temperatura en su enfrentamiento con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), es sospechoso de "graves y sistemáticas violaciones" de los derechos humanos, según un boletín del Ministerio Público citado por AFP.

Ministro de Interior y Justicia hasta agosto de 2016, el oficial fue citado a una audiencia el próximo martes, cuando la fiscal general, Luisa Ortega, deberá comparecer ante el tribunal supremo, que evaluará si autoriza enjuiciarla como pide el Gobierno.

Su imputación se conoce un día después de que la Fiscalía acusara por los mismos cargos al general Antonio Benavides Torres, quien hasta el pasado 20 de junio fue comandante de la militarizada Guardia Nacional.

Los señalamientos contra Benavides Torres se relacionan con presuntos abusos durante las protestas contra Maduro, que dejan 82 muertos en tres meses. Al menos 23 de esas personas fallecieron a manos de policías y militares, de acuerdo con la Fiscalía.

La acusación contra González López se enmarca en investigaciones por "allanamientos arbitrarios, privaciones ilegítimas de libertad" y casos de personas que siguen detenidas pese a tener orden de excarcelación, precisó el reporte.

El jefe del SEBIN (considerado por la oposición como la policía política del Gobierno) fue sancionado junto con otros oficiales venezolanos por Estados Unidos, bajo señalamientos de violar los derechos humanos. La medida implicó el congelamiento de bienes que esos mandos pudiesen tener en territorio estadounidense y la prohibición de hacer negocios con ellos.

Siempre circunspecto y de pocas palabras en sus apariciones públicas, González López es uno de los oficiales más cercanos a Maduro, quien ha elogiado varias veces su lealtad.

La Fiscalía lleva a cabo 450 investigaciones por violaciones de derechos fundamentales en el marco de las protestas contra Maduro, incluidas lesiones causadas a 853 personas presuntamente por las fuerzas de seguridad.

En la contención de las manifestaciones, el organismo asegura haber evidenciado un "uso excesivo de la fuerza en el empleo de armas de fuego no autorizadas, tratos crueles y torturas" a detenidos, allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad.

El pasado miércoles, la fiscal denunció que en Venezuela hay "terrorismo de Estado", en una de sus más duras acusaciones contra el gobierno, del que se alejó tras años de línea oficialista.

Activistas y juristas ven en estas medidas 'un paso importante'

Activistas y juristas consideraron que las acciones del Ministerio Público son un paso importante para hacer frente a la creciente impunidad en Venezuela, especialmente en materia de derechos humanos, aunque hay dudas de que los procesos contra los dos altos oficiales avancen en los tribunales, que han sido señalados por algunas organizaciones humanitarias de ser controlados por el oficialismo.

"No es fácil, pero no imposible", afirmó la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, al reconocer que existe una posibilidad de que los procesos puedan prosperar debido a que "hay diferentes personas, funcionarios y sectores que han manifestado su apoyo a la fiscal".

Luisa Ortega pide a la CIDH protección para sus empleados

Ortega Díaz, quien se enfrentó al Gobierno al rechazar el proceso de reforma de la Constitución, anunció este viernes en su cuenta de Twitter que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para todos los funcionarios de ese organismo.

La ONU considera 'muy preocupante' la decisión del Supremo sobre Luisa Ortega

La ONU consideró este viernes "muy preocupante" la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de prohibirle abandonar el país a la fiscal general Luisa Ortega, crítica con el régimen, y de congelar sus bienes mientras decide si la enjuicia.

"La decisión del Tribunal Supremo venezolano del 28 de junio (...) contra la fiscal general (...) es muy preocupante, al igual que la actual violencia en el país", declaró en Ginebra el portavoz de la ONU para los derechos humanos, Rupert Colville.

Ortega, una veterana chavista, sorprendió al país al convertirse en una férrea opositora del presidente Nicolás Maduro. Desde hace tres meses, la fiscal general emprendió una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, cuya destitución solicitó afirmando que ella nunca aprobó su designación (como exige la ley) en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.

El TSJ decidirá el martes si la lleva a juicio.

"Nos preocupa el hecho de que las decisiones del Tribunal Supremo parezcan ir encaminadas a retirarle el mandato y las responsabilidades" a la oficina de la fiscal, aseguró Colville.

El relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, también criticó en Ginebra la decisión del TSJ respecto a Ortega: "Este es otro paso más contra la institucionalidad democrática y la autonomía del Ministerio Público de Venezuela".

Los fiscales de MERCOSUR se ponen del lado de Ortega

Fiscales de los países del MERCOSUR rechazaron este viernes las amenazas del oficialismo venezolano de destituir a Ortega.

Los fiscales del bloque "rechazan cualquier pretensión de remoción" de la fiscal venezolana "por fuera de los canales legales y constitucionales", reseñó un comunicado difundido por el Ministerio Público de Venezuela.

En el documento, los fiscales consideraron "imperioso que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano en el legítimo ejercicio de sus funciones" y pidieron que se le respete "su derecho a la defensa".

Además, "rechazan cualquier acto de hostigamiento, persecución y amenaza que puedan poner en riesgo la integridad personal de la Fiscal (...) y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público venezolano".

La resolución en apoyo a Ortega fue emitida este viernes tras una reunión en Buenos Aires de ministerios públicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (que forman el MERCOSUR), y en la que también participaron los fiscales generales de Chile y Perú como asociados del bloque.

La fiscal ha advertido que "se cierne sobre Venezuela un oscuro panorama sobre el Estado" y ha dicho que "Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana".

DIARIO DE CUBA