"Su misión no está cumplida todavía. Necesita escuchar otros puntos de vista. Los de las víctimas", dijo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) a Maria Grazia Giammarinaro, relatora de la ONU para la Trata de Personas, quien visitó esta semana la Isla invitada por La Habana.

El Gobierno cubano "organiza el programa y la agenda" de sus invitados, "excluyendo de ese modo que otras voces sean escuchadas. La suya no ha sido excepción a esa regla", añadió la FDHC en la segunda carta abierta a Giammarinaro, firmada por su director ejecutivo, Juan Antonio Blanco. En la primera carta, antes del viaje de la relatora, la organización le recomendó tener en cuenta que no estaba "visitando una sociedad abierta".

Tras los cinco días en la Isla, la FDHC advirtió a Giammarinaro que vio lo que las autoridades cubanas "querían que viese".

El Gobierno "organizó reuniones con aquellos que querían que usted escuchara, y preparo cuidadosamente las narrativas que pensaron pudieran persuadirla a aprobarlos en este campo. Al final, afinando palabras aquí y allá, fueron capaces de cosechar los titulares que necesitaban para su imagen internacional", explicó el director ejecutivo de la FDHC a la relatora. Esto "era casi inevitable, incluso cuando usted intentó tomar prudente distancia de la 'información' provista a su delegación", agregó.

Juan Antonio Blanco mencionó como positivos los señalamientos de la relatora en cuanto a "la inaceptable edad de 16 años (…) para establecer el consentimiento legal [Giammarinaro cree que deben ser los 18 para determinar abusos]" y su evaluación de que la legislación cubana "es insuficiente" en el campo de la trata de personas y "tiene que ser reformada para basarse en normas internacionales de derechos humanos".

El director ejecutivo de la FDHC destacó asimismo el llamado de Giammarinaro para que las autoridades cubanas abran las puertas a otros relatores especiales de la ONU. "Solo una evaluación exhaustiva de todos los relatores de derechos humanos puede proporcionar un juicio justo sobre la retórica del Gobierno cubano y sus prácticas", consideró Blanco.

Dijo a la relatora que todavía tiene "tiempo suficiente para acceder a otras fuentes y opiniones antes de que su oficina publique el informe oficial final sobre Cuba en junio de 2018".

"No hay provecho alguno en discutir ahora (…) si los cubanos son 'probablemente' menos vulnerables que la población de otros países debido a su sistema educativo 'gratuito' y sus instituciones de seguridad social. Ni sería profesionalmente serio debatir a distancia si el personal de salud de las brigadas internacionales de la Isla es libre de unirse o romper los contratos que les sirvieron —según le 'garantizaron' a usted los funcionarios cubanos", analizó Blanco. No obstante, señaló a la relatora que su misión está "inacabada" si no escucha voces diferentes a las de los funcionarios del Gobierno.

"Creemos en su búsqueda honesta de la verdad", aseguró Blanco a Giammarinaro y le reiteró la disposición de la FDHC para "facilitarle reuniones directas con víctimas y testigos que pueden proporcionar el punto de vista no oficial de estas realidades".

"No estamos imponiéndole sus puntos de vista a su oficina", aclaró Blanco. "Somos una organización de derechos humanos, no un partido político. Estamos tratando de conectarla directamente con el dolor de las personas que fueron o son abusados por un sistema institucional que se vende en el extranjero como ejemplar. Sin la reflexión de las perspectivas de las víctimas su informe carecería de la credibilidad que se merece", advirtió.

DIARIO DE CUBA