"El régimen cubano se ha visto implicado en la desaparición de al menos 147 personas y posiblemente miles más", denuncia Archivo Cuba en un informe publicado este 29 de marzo.

Según el proyecto que dirige María Werlau, "hasta la fecha se han documentado 890 desapariciones de individuos que intentaban huir de Cuba por mar, aunque se cree que éstas puedan en realidad ser hasta decenas de miles más que no se han podido documentar por falta de recursos para realizar de forma sistemática el trabajo de investigación".

El documento, que incluye una explicación detallada de los casos que ha logrado registrar, dice "que muchos de los que se supone fallecidos en el mar, en realidad fueron ejecutados por las Tropas Guardafronteras de Cuba en tiroteos o en hundimientos deliberados de embarcaciones".

"Hay 40 casos de civiles desaparecidos que intentaban huir a la base naval estadounidense de Guantánamo y de algunos —o de la mayoría— existen motivos para sospechar que pudieron haber sido asesinados por las autoridades cubanas", señala.

"Asimismo, hay centenares de miembros de la resistencia e insurgentes opuestos al comunismo cubano que se reconocen como muertos o desaparecidos en combate o que fueron ejecutados en el decenio de 1960 y a cuyos familiares se les negó toda información, así como los restos mortales. Por tanto, constituyen desapariciones forzadas", sentencia.

Subraya que "las autoridades cubanas mantienen la práctica de la detención arbitraria y que muchas veces ésta supone una desaparición forzada; se utiliza para intimidar y acosar a los opositores pacíficos".

Recuerda que "en el 2016 hubo al menos 9.351 de estas detenciones arbitrarias. En la mayoría de los casos, los individuos son detenidos por la Seguridad del Estado (la policía política), que no se les entrega documentación judicial ni se les informa de los cargos contra ellos y durante horas, o incluso días, se les impide contactar con sus familiares o con un abogado".

El informe indica que de los 147 casos "cuyos allegados sostienen son o pudieran ser desapariciones forzadas, siete ocurrieron después de que (el Gobierno de) Cuba ratificara la Convención" contra este fenómeno y "cinco después de que entrara en vigor".

Sobre estos, Archivo Cuba reclama que "deberían ser objeto de investigación exhaustiva por expertos internacionales independientes con la plena colaboración de las autoridades cubanas".

El proyecto independiente recuerda que "tras el reciente informe periódico de Cuba ante la ONU (desde su revisión en 2012), el Comité publicó sus conclusiones el pasado 17 de marzo de 2017" y este "indica que Cuba no cumple con los criterios de la Convención y formula una contundente crítica sobre la estructura del sistema jurídico cubano".

Entre la lista de deficiencias se cita el hecho de que las leyes cubanas no reconocen que las desapariciones forzadas sean un crimen contra la humanidad (como se establece en la Convención). También se menciona la falta de independencia de su sistema judicial, y la ausencia de un mecanismo que permita visitas periódicas a los centros de detención.

Entre las numerosas recomendaciones emitidas, la ONU manifiesta que Cuba debe ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para Archivo Cuba, "si bien resulta alentador que un organismo de las Naciones Unidas haya insistido en reflejar por escrito los incumplimientos por parte de Cuba de sus obligaciones jurídicas internacionales, cabe lamentar que solo sea en sentido literal, ya que en ninguno de los documentos del proceso de revisión, como tampoco en el mismo informe, se citan ejemplos de la práctica misma de la desaparición forzada".

DIARIO DE CUBA