El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela (Codena) ha exhortado en la madrugada del sábado al Tribunal Supremo de Justicia a que revise las sentencias que él mismo emitió hace tres días y que despojaron al Parlamento, de mayoría opositora, de sus funciones.

La decisión supone que el chavismo, presionado por la condena generalizada de la comunidad internacional y la grieta creada entre sus aliados de los restantes poderes públicos, ha desandado el camino del golpe de Estado que provocó el máximo tribunal con sus fallos a mediados de semana y que apoyó con su silencio el presidente Nicolás Maduro.

El vicepresidente Tarek El Aissami leyó el comunicado con la decisión en una retransmisión obligatoria de radio y televisión. La resolución busca, según dijo, “mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”. En el acuerdo se ratifica que el Supremo, que está controlado el régimen, es la instancia competente para dirimir los conflictos que se presenten entre las ramas del poder público.

Se trata de una decisión insólita e inédita en la historia del movimiento político que rige los destinos del país desde hace poco más de 18 años. La distancia marcada el viernes por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien no asistió a la sesión, pone límites al reiterado esfuerzo del régimen por no reconocer las labores del control legislativo y les obliga a repensar de qué forma pueden convivir con un poder en manos de la oposición.

De momento el régimen insiste en que la Asamblea Nacional sigue en desacato. Pero ha quedado claro que no puede evitar reconocer al Legislativo de forma permanente por la imagen que esto provoca entre la comunidad internacional. A esa presión se ha agregado ahora el afán de la fiscal general, una histórica aliada de la autodenominada revolución bolivariana, de respetar las formas, un activo que el régimen cuidó con celo durante la gestión de su líder Hugo Chávez, y de garantizarse su supervivencia mucho más allá de la circunstancial presencia del chavismo en el poder.

Maduro, después de tres días de silencio, ha querido mostrarse como el mediador entre los poderes y a la vez quitarse el estigma de dictador que le confería el tácito acatamiento de las sentencias. Si tiene o no éxito en su propósito es un asunto que está por verse. Por el momento ha aprovechado para reiterarle a sus adversarios su disposición a dialogar con la mediación del Vaticano y de la terna compuesta por los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Panamá, Martín Torrijos, y República Dominicana, Leonel Fernández. Todos esos esfuerzos han fracasado porque el régimen bloquea cualquier salida a la crisis política y económica y además se niega a convocar las elecciones regionales por el miedo a seguir perdiendo el control total que alguna vez ostentó. La idea de los acuerdos entre fuerzas opuestas es un verdadero desafío para el chavismo y una oportunidad de reinvención como movimiento político.

Maduro decidió convocar el viernes al final de la tarde una sesión del Codena después de las declaraciones de la fiscal Ortega Díaz, quien calificó las sentencias que facultaban al Supremo a asumir temporalmente las labores parlamentarias del Legislativo como un desconocimiento del orden jurídico. Fue una sorpresa que Maduro quiso convertir en una oportunidad de redimirse con el paso de las horas y el aumento de la condena mundial.

El mismo viernes se había suspendido una reunión de la cancillería con el cuerpo diplomático y el Supremo, con lo cual el margen de maniobra del régimen era cada vez menor. Una rueda de prensa con el presidente del máximo tribunal pautada para la tarde también fue suspendida sin mayores explicaciones. No había forma de convencer a la audiencia internacional de que sí era posible conciliar la supuesta vocación democrática que defiende el chavismo con el cese temporal de las labores del Parlamento.