Por MARIA TERESA ROMERO.- 

Mientras la comunidad internacional deshoja la margarita a ver cómo presiona  y sanciona en forma colectiva y más efectiva al cada vez más autoritario régimen venezolano,  y mientras la oposición democrática no termina de unirse en una estrategia común para lograr encarrilarlo hacia la vía democrática y electoral, ese gobierno de Nicolás Maduro, atrincherado en el poder y la corrupción, se empeña en asfixiar aún más de lo que está a la sociedad civil venezolana.

(Infolatam).- Uno no se explica por qué tanto ensañamiento gubernamental, ya que la mayoría  de los venezolanos, desesperada ante la situación general, golpeada por el hampa y la delincuencia,  el alto costo de la vida y la escasez de alimentos y medicinas,  defraudada de la dirigencia política opositora (la MUD, a partir del fallido diálogo auspiciado por el Vaticano, ha caído 10 puntos en las encuestas y ahora tiene 13 puntos de diferencia frente al partido oficialista PSUV), así como del alto mando militar que roba, viola los derechos humanos y hace caso omiso a la constitución y las leyes, se encuentra sumida en la inercia y el fatalismo, bajo un  estado de miedo y frustración generalizado.

Sin embargo, el régimen continúa no sólo reprimiendo cualquier manifestación de protesta cívica, y persiguiendo y encarcelando  a los principales dirigentes políticos, estudiantiles,  sociales, sindicales y empresariales, sino también acosando al ciudadano común en su propia casa donde se ve cada vez más recluido por falta de trabajo y por la inseguridad reinante.

La más reciente forma de hostigar y someter a la sociedad venezolana ha sido el aumento de 1000% de las tarifas para el disfrute de la televisión por cable y el internet, que se habían convertido en el escape de los venezolanos ante las constantes e interminables “cadenas” impuestas por el gobierno a través de la radio y televisión nacional controlada por ellos para hacer propaganda de su gestión. Se trata, sin duda, de una nueva medida desproporcionada por parte de CONATEL, el órgano encargado de supervisar las telecomunicaciones en Venezuela, así como de regular las tarifas de los prestadores de servicio de televisión por suscripción que hacen vida en el país.

En los últimos años la población venezolana, incluso la de pocos recursos económicos, logró acceder a los canales de televisión alterna, sea por satélite o cable, lo que  le permitió conocer un mundo distinto al proyectado en los canales de televisión regentados y manipulados por el gobierno, al punto que para 2016 la penetración de la televisión paga en Venezuela alcanzó al 70 por ciento. Esto quiere decir que siete de cada diez venezolanos podían escaparse del mensaje propagandístico del gobierno, lo cual fue posible porque el canon de pago para tener TV internacional se mantuvo en niveles estables y accesibles, si bien hay que reconocer que con los altos índices de inflación en el país y la constante depreciación del bolívar, las llamadas cableras se vieron en aprietos para cubrir sus costos y mantener un servicio de calidad.

Pero la jugada del gobierno – que ya abiertamente ha bloqueado algunos canales que le son molestos, como CNN en español, Televisión Azteca o NT24 de Colombia- en su afán por obligar a los venezolanos a escuchar sus mensajes politizados, aprobó en forma inconsulta aumentos para la televisión paga que van desde 600 al 1000 por ciento a partir de este mes de marzo, por lo que una gran cantidad de subscriptores ha comenzado a retirar el servicio, priorizando otros gastos vitales como alimentos, lo que le viene como anillo al dedo al gobierno en sus planes de dominación de la población.

Es de recordar que desde que  Nicolás Maduro llegó a la presidencia en abril de 2013, aumentó de 7 a 16 las emisoras nacionales bajo el control gubernamental al tiempo que incrementó el parque de radios comunitarias y alternativas financiadas por el Estado, avanzando así en el control de la sociedad venezolana en general. Según investigadores de la comunicación en Venezuela, entre 2014 y 2016 CONATEL bloqueó más de 1600 páginas web que contenían información política incómoda al gobierno. A ello cabe sumar  los más de 20 diarios que bajo la gestión de Maduro han debido cerrar por falta de papel periódico cuya entrega es  controlada por el gobierno nacional.

Ante este nuevo cerco y asfixia gubernamental a la sociedad venezolana, surge de nuevo la pregunta de una posible e inminente explosión social en el país. Ciertamente desde hace tiempo están dadas las condiciones para un fuerte estallido popular, en particular desde el pasado diciembre de 2016 luego que el gobierno cerró las puertas al revocatorio presidencial que los venezolanos veían como una válvula de escape, pacífica y democrática, a la crisis.

No obstante, sin un liderazgo opositor unido que sirva de vanguardia y motor organizativo  y  sin  algún tipo de apoyo militar, es poco probable que se dé un estallido popular generalizado y contundente, capaz de hacer cambiar al gobierno de rumbo. Lo más probable es que continúen aumentando las  protestas y saqueos espontáneos aislados, en diversas regiones del país, y sin  mucha participación social; es decir, que suceda una especie de nuevo “Caracazo” como el sucedido el 27 y 28 de febrero de 1989 que, al igual que aquél, terminaría sofocado por las fuerzas militares y policiales del Estado. Mientras tanto, aumenta a diario el volumen de emigrantes venezolanos a cualquier parte del mundo porque, como bien dijo uno,   “Cualquier sitio es mejor que Venezuela”.