Una comisión del Senado brasileño que tiene entre sus miembros a políticos investigados por corrupción analizará este martes la candidatura del polémico ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, a ocupar una plaza en la Corte Suprema.

De Moraes ha sido propuesto por el presidente brasileño, Michel Temer, para suplir la vacante abierta por la muerte en un accidente aéreo del magistrado Teori Zavascki, antiguo instructor de la investigación de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, que afecta a casi todo el universo político del país.

El ministro, de 48 años y que este martes será interrogado por los senadores, es un jurista de “línea dura”, ideológicamente volcado a la derecha y con un carácter explosivo que le ha valido más de una polémica en los cargos públicos que ha ocupado.

Su gestión como ministro comenzó en mayo de 2016, cuando Temer asumió el poder tras la destitución de Dilma Rousseff, y ha estado marcada por una grave crisis penitenciaria, que dejó casi 150 muertos en reyertas, y recurrentes huelgas de policías.

Pese a eso, es un hombre de confianza de Temer, sobre todo después de que el año pasado resolvió en cuestión de semanas un chantaje sufrido por la primera dama, Marcela Temer, por parte de un “hacker” que intervino su teléfono móvil.

Aunque no ejerció como juez, hizo carrera en el Poder Judicial y fue abogado defensor de polémicos políticos, como el expresidente de la Cámara Baja Eduardo Cunha, hoy en prisión por el escándalo en Petrobras, o de una empresa vinculada a una mafia que opera dentro de los presidios.

De Moraes está identificado con partidos oficialistas implicados en la trama de Petrobras y que son mayoritarios en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que examinará la propuesta de Temer y la someterá luego al pleno de esa cámara, que entre sus 81 miembros tiene 44 sospechosos de incurrir en prácticas corruptas.

De los 27 titulares y 27 suplentes que tiene la comisión, diez son investigados en el Supremo por su supuesta participación en los delitos de corrupción detectados en la petrolera y otro tiene en suspenso una condena a casi cinco años por fraudes en licitaciones.

Uno de los investigados es el presidente de esa instancia, Edison Lobao, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer y está en el centro del escándalo junto con el Partido de los Trabajadores (PT), de la expresidenta Rousseff.

Lobao, sospechoso de haber recibido comisiones ilegales del grupo Odebrecht, ha negado esas acusaciones y aseguró que se trata solo de esas “hilaciones” y no afectarán su trabajo al frente de la comisión.

Entre los suplentes figura Renán Calheiros, también del PMDB, quien presidió el Senado hasta hace veinte días y responde en un proceso por corrupción ante el Supremo, que además le investiga en otros diez casos directamente vinculados a Petrobras.

Una de las investigaciones contra Calheiros se debe a supuestas maniobras para intentar “obstaculizar” la acción de la justicia en el caso Petrobras, del que De Moraes pasaría a ser revisor en el Supremo si su nombramiento fuera aprobado.

También entre los suplentes, que pudieran estar en la decisión sobre De Moraes en caso de ausencia de los titulares, hay un caso que llama especialmente la atención.

Se trata del senador Ivo Cassol, sobre quien pesa una condena a cuatro años y ocho meses de prisión, aún no ejecutada gracias a que diversas apelaciones sobre las cuales el Supremo aún no ha decidido.

En 2013, Cassol, del Partido Progresista (PP), fuerza de derecha que integra la coalición de Gobierno, fue declarado culpable de fraudes en licitaciones entre 1997 y 2001, cuando era alcalde de la ciudad de Rolim de Moura, en el estado de Rondonia.

La última de las apelaciones que ha presentado, aún no juzgada, estaba en manos del juez Zavascki, por lo que, según las normas de la corte, será heredada por el sustituto del magistrado, que según todas las previsiones será De Moraes.

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