El Gobierno argentino calificó de “barbaridad” la investigación iniciada por un fiscal contra el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios por la negociación de la deuda que mantenía la firma del padre del mandatario con el Estado por el manejo del correo oficial y lo desvinculó del acuerdo.

“Es una barbaridad lo que ha hecho el fiscal (…). No es cualquiera, es el presidente” y tendría que haber realizado “una mínima investigación para comprobar” que “la denuncia es falsa”, aseguró el ministro argentino de Comunicaciones, Óscar Aguad, también implicado en esta causa, en declaraciones a radio Mitre.

Este martes, el fiscal Juan Pedro Zoni pidió al juez federal Ariel Lijo que inicie una investigación criminal contra el presidente, Aguad y el director de Asuntos Jurídicos de la cartera de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, para “corroborar la existencia de conductas delictivas” en el marco del concurso de acreedores de la firma Correo Argentino, empresa del grupo Macri.

Entre 1997 y 2003, esta tuvo a su cargo la administración del correo oficial, por lo que mantenía una deuda millonaria con el Estado desde 2001.

Zoni se basó en denuncias presentadas por un abogado particular, y dos dirigentes políticos ligados al kirchnerismo, que consideran que el acuerdo firmado en junio de 2016 por Aguad, apenas seis meses después de que asumiera Macri, podría significar la condonación de deudas de hasta 70.000 millones de pesos (unos 4.430 millones de dólares).

Este miércoles, el titular de la cartera de Comunicaciones desvinculó al presidente de la negociación y reiteró que “jamás” había conversado con él sobre ello porque suponía “incomodarlo” y “hacerle cometer una falta”.

Sin embargo, según reveló este martes después de que se conociera la denuncia de Zoni, el mandatario se dirigió a su Ejecutivo para pedirles “transparencia”.

“Y me dijo a mí: vos tenés la obligación de defender los intereses del Estado. Eso es todo lo que hablé con el presidente”, aseguró.

En ese sentido, Aguad insistió en que han solicitado la intervención de “expertos” y organismos nacionales e internacionales “para que no queden dudas de lo que está pasando y descalificar las barbaridades que se han dicho” sobre el acuerdo, alcanzado en el marco de un concurso preventivo judicial y que aún no ha sido homologado.

A raíz de la polémica, fuerzas de la oposición, sin el kirchnerismo, convocaron al ministro a una reunión el próximo martes en el Congreso, donde también quieren que comparezca en otra audiencia Franco Macri, padre del jefe de Estado.

Aguad consideró que quieren aprovecharse “políticamente” de lo ocurrido “en medio de una campaña electoral” por los comicios legislativos de octubre y criticó que lo citen funcionarios que formaban parte del anterior Gobierno, que no logró cerrar un acuerdo en 12 años.

La semana pasada, la fiscal que interviene en el proceso del concurso, Gabriela Boquín, cuestionó lo arreglado en junio porque entiende que podría haber un conflicto de intereses dado que el deudor es una empresa perteneciente a familiares de Macri y por considerarlo “abusivo” en sus términos económicos.

La deuda se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos, unos 292 millones de dólares en aquel momento, cuando regía la ley de la convertibilidad cambiaria, muy lejos de los 18,6 millones de dólares que suponen al cambio actual.

Aguad hizo hincapié en que lo que se perdieron fueron “80 millones de dólares”, el 81 % del capital, y no las “cifras estrafalarias” que se denuncian.

Además, destacó que esta pérdida para las arcas públicas “es producto de la inacción del Gobierno anterior” e insistió en que “es muy difícil, en la Argentina de la mentira, llegar a una conclusión de cuáles son los montos adeudados históricamente y actualizados”.

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