Durante el gobierno del comandante Chávez la respuesta habitual ante las críticas de autoritarismo contra su gestión era exhibir las numerosas elecciones ganadas por el “proyecto popular”. La legitimidad de origen electoral era la mejor prueba de la profunda vocación democrática del chavismo. Eso sí, con la salvedad de que en Venezuela la democracia solo podía ser bolivariana ya que los escuálidos imperialistas o los pitiyanquis eran golpistas por definición.

(Infolatam).- Daba igual los argumentos utilizados. La conclusión era siempre la misma: apelando a sus triunfos electorales Chávez era todo un demócrata. Poco importaban la satanización de una oposición a la que se dio el status de “enemigo”, las reformas constitucionales por la reelección indefinida o su intención de no abandonar el poder. Como dijo Fidel Castro en 2012 “la oligarquía jamás podrá gobernar de nuevo en Venezuela”, asumiendo claro está que todo el que no es chavista es un traidor a la patria, un golpista o un oligarca.

Lo que ahora ha demostrado el chavo-madurismo es que sus sentimientos democráticos eran pura pose. El PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y los resortes de poder que controla han reafirmado en las últimas semanas que sólo son demócratas mientras ganen elecciones. Este extremo es válido hoy con Maduro, y lo sería igualmente si Chávez viviera.

Frente a una derrota electoral hay diversas soluciones. La más inmediata es el fraude, pero este solo es posible si la diferencia de votos es apretada. Caso contrario el riesgo de desborde popular es enorme y por ello lo mejor es no provocarlo. De eso sabe algo el general Padrino López, que convenció a Nicolás Maduro de que aceptara el resultado de los comicios la noche del 6 de diciembre de 2015, tras el triunfo opositor en las parlamentarias.

No es casual que éstas fueran las últimas elecciones celebradas hasta hoy en Venezuela. Después de la victoria de la MUD (Mesa de Unidad Democrática) no se ha vuelto a saber más del tema. El riesgo es una nueva derrota en las urnas de un oficialismo carente de respaldo popular. Si el fraude resulta inaplicable siempre hay un plan B: postergar los comicios o, en el peor de los casos, suspenderlos.

Para ello cualquier argumento es bueno, sean consideraciones jurídicas, económicas o puramente administrativas. El argumento económico es transparente: si hay desabastecimiento y la gente pasa hambre, ¿cómo se van a dilapidar los escasos recursos en organizar elecciones en vez de dar de comer a la población? Esto ocurrió con el referéndum revocatorio. Primero se intentó a toda costa impedir que se celebrara antes del 10 de enero de 2017, ya que en el caso de una probable derrota oficialista habría sido necesario realizar nuevas elecciones presidenciales.

La convocatoria del revocatorio, en palabras de Maduro, depende de la potestad presidencial. Pero en sus orígenes este mecanismo se planteó como una forma de control al ejecutivo y no un resorte para doblegar a la oposición. Por eso la actual interpretación, pese a ser respaldada por los tribunales “bolivarianos”, es contraria a la Constitución, cuyo texto, diseñado en su día a imagen y semejanza de Chávez, quería resaltar los valores democráticos del chavismo.

No solo se fue contra el revocatorio. Las elecciones regionales y municipales pueden correr la misma suerte. A mediados de 2016 se interpretaba que las primeras se celebrarían el 11 de diciembre de ese año, aunque una disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) las postergó a fines del primer semestre de 2017. Sin embargo, una nueva orden del CNE ha interrumpido sine die las elecciones a gobernador. Como señaló su rectora Tania D’Amelio: “En estos momentos está interrumpida la convocatoria [a elecciones] hasta tanto el proceso de renovación [de los partidos] no concluya “.

D´Amelio se refiere a la aplicación por el CNE de una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 21 de octubre. Esta exige a los partidos políticos ya reconocidos nuevos trámites para poder participar en futuros procesos electorales. Es frecuente que tanto las medidas del TSJ como las del CNE se acuerden previamente en los más altos niveles del gobierno y del PSUV. No fue casual que Diosdado Cabello, el número dos del Partido, señalara el 25 de enero: “Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido… La MUD, a pesar de estar registrada, le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”.

Las salas Electoral y Constitucional del TSJ han obrado sistemáticamente para desarbolar las competencias de la Asamblea Nacional, una vez que esta fue controlada por la MUD. Según El Nacional, desde diciembre de 2015 el TSJ en 49 sentencias ha vulnerado 42 de las 77 atribuciones que corresponden al Parlamento. Esto implica invadir el 55% de sus facultades constitucionales. Tras estas repetidas violaciones de la Constitución y de la división de poderes cabe preguntarse una vez más si Venezuela vive en democracia. Como señaló Luis Almagro, secretario general de la OEA: En Venezuela “Los diputados pierden fueros e inmunidad, no se aprueba el presupuesto, se detiene a cualquiera en cualquier momento y condición, los presos políticos han aumentado hasta 107”. Por eso va a reactualizar su informe para reactivar la “Carta Democrática”.

En su programa radial “La hora de la salsa”, el presidente Maduro calificó de “traidores a la patria” a un grupo de parlamentarios que están en Estados Unidos denunciando la situación de su país:  “Espero el pronunciamiento de los órganos competentes, graves delitos de traición a la patria están incurriendo estos diputados cuando se van a Washington a decirle al nuevo Gobierno de Estados Unidos que intervenga en Venezuela”. Semejantes palabras sólo permiten augurar lo peor, un nuevo deterioro de la situación política y un menor espacio para el ejercicio de las libertades individuales. Vistos estos antecedentes, la deriva autoritaria de Venezuela es innegable y cada día que pasa el parecido con la democracia es menos evidente.

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