Así lo informó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en declaraciones a la emisora RPP, en la que señaló que su colega hará el pedido formal de arresto, después de que anoche el Ministerio Público anunciara el inicio de la investigación en su contra.

El pedido de la Fiscalía se hará a un juez, quien determinará en un plazo que se prevé breve, qué medidas se tomarán respecto al expresidente.

Dado que Toledo se encuentra fuera del país, estas medidas pueden incluir un pedido de busca y captura internacional.

Anoche el Ministerio Público peruano informó que inició una investigación penal formal contra Toledo y contra Jorge Barata, el exdirector de las oficinas de Odebrecht en Perú y Josef Maiman, el empresario amigo del expresidente que ejerció como su testaferro.

Según la Fiscalía, Barata estaría acusado como cómplice primario del delito de lavado de activos y Maiman sería el autor primario de este delito.

Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por haber recibido sobornos de Odebrecht, en un caso que cobró fuerza durante el pasado fin de semana cuando la prensa peruana filtró información que señalaba que Barata habría confirmado a las fiscalías de Brasil y Perú que Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos.

Con ese dinero, Odebrecht se habría garantizado obtener la concesión para la construcción de la carretera Interoceánica.

El sábado pasado la policía allanó la lujosa vivienda que Toledo compró en Lima al poco de abandonar la presidencia y se retiró con numerosos documentos.

Desde que se conocieron las filtraciones, Toledo, que se encuentra en Francia junto a su esposa Eliane Karp, ha negado categóricamente el haber recibido dinero de la constructora, denunció una persecución de sus “enemigos” y consideró que Barata “mintió” en su declaración ante la Fiscalía.

En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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