Nisman, que investigaba el atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, hizo su denuncia contra Fernández (2007-2015) y otros altos cargos de su Gobierno en enero de 2015 -cuatro días antes de ser hallado muerto en circunstancias aún por esclarecer- y les acusaba de negociar con Irán el encubrimiento de los supuestos responsables del ataque con el fin de mejorar la relación comercial con ese país.

En su resolución, divulgada por el Centro de Información Judicial (CIJ), la Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa -presidenta-, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, aceptó a la DAIA como por parte querellante y apartó a los jueces federales que habían intervenido en el caso “por haberse expedido sobre el fondo del asunto y en garantía de imparcialidad”.

Nisman sostenía en su denuncia que un memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno había asegurado serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque buscaba en realidad encubrir a los sospechosos, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, a cambio de impulsar el intercambio comercial.

El pacto nunca fue ratificado por Irán y en Argentina, tras ser aprobado por el Parlamento, fue declarado inconstitucional por la Justicia.

La denuncia de Nisman recayó inicialmente en el tribunal de Rafecas, quien la desestimó poco tiempo después por inexistencia de delito, decisión que fue confirmada por dos tribunales de apelación.

Es así que el pasado agosto la DAIA y la Fiscalía pidieron desarchivar la causa, pero Rafecas volvió a rechazar la solicitud.

Posteriormente, el 1 de noviembre la Cámara de Casación admitió estudiar los recursos presentados por el fiscal Germán Moldes y la DAIA que cuestionaban la decisión de Rafecas y respecto a lo que se ese tribunal se pronunció hoy.

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