El senador Antonio Anastasia, instructor del juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, presentó  su informe sobre el caso y recomendó que la mandataria sea destituida por “atentar contra la Constitución”.

El informe, presentado ante la comisión del Senado a cargo del proceso, identificó “plenas razones” para avanzar hacia la pérdida del mandato de Rousseff, quien responde por graves irregularidades en el manejo de los presupuestos del Estado.

“Voto por la procedencia de la acusación y porque prosiga el proceso” de destitución, dice el informe de Anastasia, divulgado por el Senado poco antes de que le lectura del documento en la comisión.

El informe tiene 441 páginas y dice que los delitos fiscales que se le atribuyen a Rouseeff suponen un “atentado a la Constitución” y son “de tal gravedad” que, según las leyes, tienen como pena la pérdida del mandato.

Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró el juicio político, y desde esa fecha la sustituye su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, quien deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.

La mandataria responde por graves irregularidades en el manejo de los presupuestos, por contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.

El informe de Anastasia afirma que esas maniobras provocaron un “descontrol fiscal” que vinculó directamente a la severa crisis que sufre la economía de Brasil, que en 2015 se encogió un 3,8 % y que, según todas las previsiones, caerá otro 3 % este año.

Según Anastasia, el desequilibrio causado por el irregular manejo de los presupuestos “amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interno Bruto (PIB)” y “perjudicó” la calidad de vida de los brasileños.

Asimismo, añade que la emisión de decretos que alteraron el gasto público sin la debida autorización parlamentaria, constituyó una “usurpación” de las funciones del Congreso y “violó” los “mecanismos de control” mediante los cuales la sociedad vigila “la gestión del dinero público”, que son una “condición en una democracia plena”.

Anastasia descartó uno a uno los argumentos de la defensa, que en líneas generales dicen que los supuestos delitos que se le achacan a Rousseff no pasan de meras “faltas administrativas” en las que, incluso, incurrieron otros gobernantes sin llegar a ser enjuiciados.

El informe presentado ante la comisión será debatido mañana y votado el próximo jueves, según el plan de trabajo acordado con la Corte Suprema, corresponsable del juicio contra Rousseff.

Entre los 21 senadores que integran la comisión, los partidarios de Rousseff están en franca minoría y calculan que obtendrán apenas cinco votos, frente a 16, ya declarados, que respaldarán el avance del proceso.

El viernes, cuando el país y buena parte del mundo volcarán sus ojos sobre la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ese informe deberá ser leído en el pleno del Senado, que luego será convocado para una primera votación el próximo día 9.

Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, la Corte Suprema convocará para una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff será destituida o recobrará el poder, lo cual ocurriría si fuera absuelta.

Esa última sesión, que se prevé que pudiera durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Rousseff sea despojada de su mandato sería necesario el respaldo de una mayoría calificada de 54 votos.

Los adversarios de Rousseff están convencidos de que superarán esa cifra y sumarán 60, lo cual ha sido admitido tácitamente por la propia mandataria suspendida, que la semana pasada reconoció que aún debe convencer de su inocencia a unos “seis senadores” para impedir su destitución.

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