El director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), Gabriel Salvia, ha sugerido al general Raúl Castro que, como gesto ante el deshielo con Washington, derogue la Ley 88, que sirvió para juzgar a los opositores arrestados en la Primavera Negra del 2003. Salvia cree que debería hacerlo si "realmente desea que Obama tenga mayor apoyo en el Congreso para eliminar el embargo".

Salvia asegura, en un artículo que publica este martes el periódico El País, que este cambio "no le implicaría [al general cubano] el riesgo político de realizar una reforma que derive en el reconocimiento del ejercicio de libertades fundamentales".

La Ley 88 de "Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba" fue sancionada el 16 de febrero de 1999. Su primer artículo dice que su finalidad es "tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado Socialista y la independencia de Cuba".

El autor cree que si Castro "ni siquiera deroga la Ley 88, eso será porque se siente muy seguro de que la dictadura que instaló junto a su hermano Fidel está totalmente a salvo de cuestionamientos y presiones internacionales".

El dirigente de CADAL opina que "así, cuando Obama deje la presidencia de los Estados Unidos, Castro mantendrá condiciones inaceptables para bloquear las negociaciones, quedándose con todo lo que consiguió con esta ‘normalización’ y sin la necesidad de entregar nada a cambio".

Salvia ve difícil otros gestos de apertura del régimen que podrían "producir un efecto dominó que resquebrajaría el implacable control social que lo caracteriza". Y pone como ejemplo el reconocimiento legal a las organizaciones de la sociedad civil independientes.

El derecho a la libertad de asociación, dice el autor, llevaría implícitos el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y expresión junto a una posterior demanda de elecciones multipartidarias para la renovación de la Asamblea del Poder Popular en el 2018.

DIARIO DE CUBA