El secreto judicial que cubre la lista de 54 políticos implicados en las corruptelas en la petrolera brasileña Petrobras ha puesto a muchos legisladores a la defensiva, frente a la sospecha de que puedan estar entre los acusados por la Fiscalía.

La lista del llamado “núcleo político” de las corruptelas en la mayor empresa de Brasil fue entregada la víspera a la Corte Suprema, que la mantiene bajo un estricto sigilo que sólo se romperá una vez que el juez instructor, Teori Zavascki, decida si acepta la denuncia presentada por el fiscal general, Rodrigo Janot.

“Obviamente, hay un clima de tensión y ansiedad en el Congreso”, declaró el ministro de Relaciones Institucionales, Gilberto “Pepe” Vargas, quien admitió que “hay mucha preocupación” con las sospechas que circulan de forma oficiosa, que apuntan tanto a políticos del oficialismo como de la oposición.

Ante el silencio judicial, la prensa local ha publicado una vasta información no confirmada sobre la llamada “lista negra” e incluido entre los supuestamente implicados a los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

También aparecen en la lista de la prensa influyentes legisladores, como el senador y expresidente Fernando Collor de Melo o la senadora Gleisi Hoffmann, que fue hasta hace un año ministra de la Presidencia en el Gobierno de Dilma Rousseff, con quien mantiene una estrecha relación.

Calheiros, quien ya había negado su participación en el asunto este martes, insistió hoy en que no tiene “nada que ver” e instó al Senado a “trabajar” sin prestarse a “especulaciones”.

Uno de los primeros en desmarcarse fue el diputado Arthur Lyra, del oficialista Partido Progresista (PP), quien hoy se vio obligado a comentar el caso después de ser elegido presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja.

“No tengo nada que ver con ese asunto”, declaró Lyra, también citado por la prensa como posible implicado. “Espero no estar, pero si debo explicar algo, será a la justicia”, dijo el diputado, quien ya avisó que en caso de estar en la lista, no renunciará a su escaño.

Ese último comentario fue en respuesta a una iniciativa del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que pide la renuncia de los parlamentarios implicados para evitar probables procesos de destitución que pudieran paralizar a las cámaras si, como sostiene la prensa, entre los acusados hay decenas de legisladores.

Por su parte, la diputada Eliziane Gama, del opositor Partido Popular Socialista (PPS), dirigió un documento a la Fiscalía en el que pide que se informe a la brevedad sobre los acusados, pues se teme que algunos hasta sean miembros de una comisión parlamentaria creada precisamente para investigar la corrupción en Petrobras.

Según el senador Aloysio Nunes, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), “quien no debe no teme” y el Parlamento debe esperar a que se cumpla el trámite legal. “Eso es lo normal en un país normal cuando se quiere acabar con la impunidad”, declaró en la tribuna del Senado.

El caso se investiga desde hace casi un año y se refiere a una vasta red de corrupción enquistada en la petrolera estatal desde hace más de una década y que se habría apropiado de varios miles de millones de dólares.

Hasta ahora, la Policía ha llevado a prisión a exdirectivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban en turbios negocios con la estatal.

Varios detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de penas y denunciaron que las corruptelas eran favorecidas por los políticos ahora denunciados por la Fiscalía.

Según la investigación, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto del dinero lo distribuían entre los políticos, que lo recibían clandestinamente o por la vía legal, disfrazado en la forma de “donaciones” para sus campañas electorales.

INFOLATAM/EFE