Por Maria Teresa Romero.-

El caso venezolano terminó siendo prioritario durante el 44º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado del martes 3 al jueves 5 de junio en la ciudad paraguaya de Asunción. Incluso, resultó más importante que el tema central de esta cita el de “Desarrollo con inclusión social”.

Fue el propio secretario general del organismo, José Miguel Insulza, quien lo puso en el tapete cuando en un foro con organizaciones no gubernamentales realizado justo antes de la Asamblea se confesó “preocupado” por la situación en Venezuela, por su “enorme división y polarización”, así como por la falta de progreso en el diálogo entre gobierno y oposición.

El exministro chileno fue más allá y en la ceremonia de apertura de la Asamblea, una de las que ha contado con mayor asistencia de cancilleres, observadores e invitados especiales, expresó que la salida a ese estancamiento del diálogo supone que ambas partes se escuchen, dejen de lado los perjuicios y hagan concesiones; al tiempo que destacaba –tal vez adelantándose a cualquier crítica venezolana al interpretar sus palabras como una presión al gobierno- la necesidad de respetar la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de ese país.

Claramente expresó que “la solución debe encontrarse sin presiones ni sanciones”, haciendo así referencia a las posibles sanciones que podría tomar el gobierno estadounidense de Barack Obama contra funcionarios del gobierno venezolanoincursos en delitos de corrupción y en violaciones a los derechos humanos de venezolanos, basándose en una iniciativa legislativa conjunta de los partidos Demócrata y Republicano de su país. Esta última aseveración seguramente fue lanzada antes que lo hicieran los países del sur del continente, quienes han avalado y seguido la prédica venezolana que tilda a las posibles sanciones individuales de EE.UU de intervencionistas en los asuntos internos del país.

De hecho, la más reciente reunión ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la isla de Galapagos, Ecuador, finalizó con una declaración que condena las sanciones a funcionarios chavistas-maduristas porque “vulneran el principio de no intervención en asuntos de otros Estados y afectan al proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana”. Aun cuando con ello se incurró en una aberración jurídica porque cualquier país, en ejercicio de su propia soberanía, es libre de legislar internamente sobre cualquier materia nacional e internacional. Nos gusten o no, sean beneficiosas o no al interés venezolano o al de la actual política de apaciguamiento que los gobiernos de la región mantienen hacia el régimen castro-chavista, en el caso de llevarse a la práctica esas sanciones no constituirían una violación al principio de no intervención, sino acciones unilaterales de la política exterior soberana e independiente de los EE.UU hacia Venezuela.

Precisamente, para seguir acusando al gobierno de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Venezuela y asegurar que esa amenaza de sanciones es “un obstáculo” para su desarrollo, tras su asistencia a Galapagos, el canciller venezolano Elías Jaua emprendió una gira por Argelia, Rusia, Bolivia y Portugal en modo de ofensiva diplomática, la cual también llevó a la Asamblea de la OEA.

Pero en su discurso, Insulza – quien hoy culminará su última Asamblea General de la como secretario general de la OEA ya que en unos meses finaliza su gestión en el organismo-, también aprovechó para defender el rol de la OEA como foro político de las Américas, como el más institucionalizado y pertinente para ayudar en crisis y conflictos regionales. Y ello fue un mensaje directo al gobierno de Nicolás Maduro quien, como su mentor Hugo Chávez, siempre ha criticado al organismo y en marzo pasado se negó rotundamente no sólo a una reunión extraordinaria que evaluara la crisis venezolana, sino al envío de una misión de observación al país. Por el contrario, solicitó la ayuda de la UNASUR para “acompañar” el diálogo, hoy congelado, entre el gobierno y la oposición venezolana.

Para algunos observadores, esta defensa de Insulza de la OEA se debe a su interés de que, tras el fracaso de UNASUR, “el caso Venezuela” retorne a la OEA. El chileno no quiere que llegue el 26 de mayo de 2015, el último día en su oficina de Washington, DC, después de una década en el cargo como secretario general, sin que la OEA no haya hecho nada con respecto a Venezuela. Por su inacción, que él niega, ha sido muy cuestionado. No quiere salir del organismo con esa cuenta pendiente.

¿Es esto cierto? Difícil saberlo. Pero lo que sí es cierto es que de no avanzar el diálogo en nuestro país y recrudecer aún más la grave situación venezolana, la OEA tendrá que tomar cartas en el asunto le guste o no. Es la organización hemisférica que está mejor equipada jurídicamente para hacerlo, empezando por la Carta Democrática Interamericana. Los gobiernos de EE.UU, Canadá y otros países ya están presionando para que sea el bloque multilateral el primero que se mueva en caso de que nuestro país caiga al precipicio de la anarquía generalizada.

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