Por Maria Teresa Romero.-

Muy acertada la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de congelar el diálogo emprendido hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro y bajo el acompañamiento del representante de El Vaticano, el nuncio apostólico Aldo Giordano, y de los cancilleres de  Brasil, Colombia y Ecuador.

(Infolatam).- Como bien apuntó el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, la oposición no puede continuar dialogando cuando es público y notorio que el gobierno madurista no quiere llegar a acuerdos concretos ni  ha accedido a ninguna de las peticiones del grupo opositor.

El gobierno había prometido sentarse a dialogar con los estudiantes y los sindicatos, evaluar “caso por caso” los expedientes de los presos, procesados y exiliados por razones políticas, y diferir el  debate  en el Parlamento del proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, pero no lo ha hecho. Por el contrario, lo que ha recibido hasta ahora la MUD del régimen,  son agravios y desaires.

Para muchos de  los líderes políticos que cuestionaron la decisión de la mayoría de los integrantes de la Mesa de la Unidad  de ir al diálogo sin condiciones previas –en particular María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma-, esta decisión  era de esperarse, incluso ha debido tomarse antes,  ya que  la radicalización gubernamental hacía prever desde el inicio del proceso de diálogo que no se lo tomaría en serio; que con el mismo el gobierno sólo quería ganar tiempo y hacer creer nacional e internacionalmente que aún tiene un talante democrático y que quiere la paz en el país.

Pueden que tengan razón pero también es cierto que el haber iniciado un diálogo sin condiciones y bajo el modo escogido por el gobierno  (que fuera  sin la mediación de la OEA, sino con “el acompañamiento” de países de la UNASUR), le da ahora a la MUD más fuerza y autoridad  para presionar públicamente al madurismo y dejarlo al desnudo, que es precisamente lo que está logrando.

Esta decisión opositora, que no llega al rompimiento total del diálogo y que deja abierta la puerta a continuarlo si el gobierno cumple con hechos precisos, además neutraliza los numerosos intentos del régimen de imputarle a la MUD de ser  la responsable de patear la mesa de negociación. Con tino, los opositores han afirmado que  para reactivar las conversaciones, el gobierno deben dar las siguientes demostraciones concretas de su compromiso con el diálogo:  la medida humanitaria que libere al comisario Iván Simonovis, el sobreseimiento de las causas contra los numerosos manifestantes detenidos masivamente, el diferimiento de la discusión parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, y la conformación de una Comisión de la Verdad confiable para todos.

Puede que con esta acción la MUD no logre convencer a la mayoría del sector opositor venezolano que se opone rotundamente al diálogo sobre los beneficios políticos del mismo a mediano y largo plazo, como los que ya se están observando. Seguramente la decisión tampoco cambiará de plano el rechazo opositor que hoy vive la MUD por sentarse con el gobierno y haber tomado otras acciones políticas impopulares. Sin embargo,  le ayuda  a mejorar su imagen ante una sociedad que quiere salir de inmediato de un régimen que además de hacerla vivir cada vez peor, encarcela y tortura salvajemente a los jóvenes y otros sectores que luchan pacífica y democráticamente  por un cambio gubernamental.

Ahora bien,  lo más importante de la decisión de congelar el diálogo es que pone en jaque, en primer lugar,  al gobierno  que ahora se encuentra en la tesitura de cambiar o no la actitud que hasta ahora ha mantenido en la mesa y, en consecuencia, otorgar las concesiones formuladas por la MUD.

Y en segundo lugar,  también coloca en una situación comprometida, de acción inmediata, tanto a  los gobiernos de UNASUR que acompañan el diálogo .que deberán exigir al gobierno de Venezuela el cumplimiento de los acuerdos y tomar un rol de verdaderos mediadores o simplemente retirarse de su función- como  a los gobiernos democráticos que han manifestado su decepción con la actuación autoritaria, represiva y de permanente violación de los derechos humanos de los venezolanos pero que a la hora de la verdad no hacen nada efectivo por protegerlos.

En este sentido, el caso del gobierno del presidente estadounidense Barack Obama es uno de los más significativos. Este gobierno no ha querido tomar sanciones económicas ni de otro tipo contra funcionarios del gobierno madurista implicados en abusos y violaciones a los DD.HH como le solicitan legisladores tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, con la excusa de que ello podría perjudicar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, como tan desacertadamente lo expuso recientemente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país, la subsecretaria para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson.

Ahora con el congelamiento del diálogo la administración Obama se encuentra comprometida a hacer algo más de lo realizado hasta ahora y si aquél se cierra  definitivamente, cosa que es posible ante la terquedad de la (i) lógica radical del presidente Maduro y su equipo, entonces tendrá que sancionar a los funcionarios  régimen autocrático y meterse de lleno en la problemática del caso venezolano con la misma atención con que lo hace con los casos de Rusia-Ucrania, Israel-Palestina y Siria.

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