Por Pedro Corzo.-

Aunque Venezuela se retiró recientemente del CIDH hay que  reconocer que el dirigente político que más ha pugnado con esa entidad hemisférica,  exigiendo su reforma y traslado a otro  país,  ha sido el mandatario ecuatoriano Rafael Correa.

Correa, en representación de todos los gobiernos integrantes de la Alianza Bolivariana de Las Américas encabeza desde hace cerca de dos años una campaña contra la CIDH, entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos.

Correa y sus pares de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, junto a las presidentas de Brasil y Argentina entre otros gobernantes, han sido los principales promotores de una reforma de la entidad, en la confianza de que los abusos en que incurren contra sus ciudadanos,  no sean rechazados por el organismo.

Durante la 42 Asamblea General de la OEA, Correa atacó a la CIDH y afirmo que “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está totalmente influenciada por países hegemónicos, por el oenegeísmo (ONG) y por los intereses del gran capital”.

Nicolás Maduro,  que como presidente de Venezuela hizo efectiva la voluntad de Hugo Chávez de separar el país del CIDH, declaró en un encuentro internacional, era canciller entonces,  en nombre de los países del ALBA,  que el Sistema Interamericano se había degradado al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Paradójicamente el propio  secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, un aliado de quienes piden limitar la autoridad de la CIDH, declaró que su intención es "darle certeza al sistema, en ningún caso debilitarlo y abogó por fomentar una Comisión mucho más flexible", por lo que cabe preguntarle a Insulza,  si la flexibilidad implica no irritar a los autócratas aun cuando lo ofenden,  como cuando el desaparecido Hugo Chávez manifestó que ignoraba al Secretario General y calificó sus declaraciones de necias.

En consecuencia en la 42 Asamblea de la OEA,  se aprobó  realizar cambios en el CIDH, decisión que  se concretó por unanimidad, tras un fuerte debate con los países del ALBA en otra Asamblea, fallo que por suerte no afectó la capacidad de imponer las medidas cautelares o de protección que emite el organismo, el propósito principal de los que procuraban la reforma.

La realidad es que los gobiernos que buscan limitar la actuación de la CIDH, es porque temen investigaciones independientes que demuestren las violaciones a los derechos humanos en las que incurren y que se dicten medidas cautelares que les impidan continuar con sus abusos.

Una de las secciones más atacada fue la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, que cuenta con más fondos para trabajar, porque acepta donaciones externas,  condición a la que Venezuela,  Bolivia, Ecuador y Nicaragua se oponen, lo que conduciría a su desaparición. La relatoría ha sido muy criticada por los países del ALBA.

La intención de limitar los ingresos del CIDH a las fuentes internas, los estados miembros solo provee el 55 %, implicaría según Tirza Florez, de la Asociación de Jueces por la Democracia de la República de Honduras  “que el CIDH perderían cerca del 45% de su financiamiento, el cual proviene de fuentes externas”.

Instituciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en una carta suscrita por más de 400 organizaciones no gubernamentales, señaló que "no se puede atropellar los principios en función de coyunturas de corto plazo", Human Rights Watch, denunció que algunos gobiernos quieren cercenar a la CIDH y algunas de sus relatorías, como la de libertad de expresión.

Renzo Pomi, de Amnistía Internacional dijo, "Si los estados intentaran imponer reglas y límites a una institución que crearon independiente, la estarían condenando a la irrelevancia y negando a los habitantes de las Américas la justicia que buscan, agrego que el sistema continental de derechos humanos es "el orgullo de las Américas".

Luz Estela Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres dijo que “El doble discurso de los estados es lo que está debilitando nuestro sistema”.

Otra declarante Viviana Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señaló que "Algunas de las propuestas puestas sobre la mesa suponen un retroceso y responden a los intereses de los gobiernos pensados como litigantes, y no como defensores de los derechos en una democracia" y apunto  “Esta coyuntura es una de las más serias y graves que ha vivido el sistema interamericano en términos del cuestionamiento a su legitimidad”.

Pero todas estas declaraciones y muchas más que han sido omitidas por razones de espacio, no ejercerán ninguna influencia si los gobiernos genuinamente democráticos del continente no enfrentan a los despóticos, pero todavía será peor si cada ciudadano de América calla ante la amenaza que pende sobre los derechos de todos.

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Pedro Corzo

Periodista