Por Jorge Hernández Fonseca.-

Este episodio demuestra una vez más, que no es la ideología de izquierda o de derecha de un partido político lo que define la decencia y la corrección ética y moral en el manejo de los asuntos publicos, sobre todo, en lo que tiene que ver con la impunidad y la corrupción.

El Mensualón Brasileño y la Impunidad de los Poderosos

Jorge Hernández Fonseca

20 de Septiembre de 2013

Los antecedentes del Mensualón brasileño (en Brasil lo llaman “mensualón” porque cada diputado o senador recibía una mensualidad elevada de dinero en efectivo, a cambio de lealtad al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva) se remontan al año 2005, durante el primer mandato presidencial de Lula. En la época --y por discrepancias con el partido gobernante, Partido de los Trabajadores, PT-- el presidente de uno de los partidos aliados al gobierno denunció un esquema de “compra” ilegal de parlamentarios, envolviendo sumas considerables procedentes de las arcas del estado mediante un mecanismo ingenioso de desvío de dinero público, con apoyo de bancos estatales y privados, combinados con una empresa de publicidad.

A la zasón, el ministro de la Casa Civil (una especie de Primer Ministro) de Lula da Silva era José Dirceu, el hombre de confianza del presidente. Dirceu había sido presidente del PT en los últimos años y fue pieza clave para la elección de Lula.

Dirceu se había exiliado en Cuba durante la dictadura militar, donde según afirman sus compañeros de exilio, hizo compromiso con la inteligencia cubana, la cual lo sometió a una cirugía facial para deformar su rostro, enviándolo de regreso al Brasil con identidad falsa, con vistas a realizar labores propias de la inteligencia cubana. Una vez instalado en Brasil, Dirceu constituyó familia, hasta que llegaron los cambios democráticos. Junto a Lula fue fundador del PT, convirtiéndose así en uno de sus hombres más cercanos.

Lula da Silva fue electo para su primer mandato como presidente de Brasil en 2002, con el compromiso escrito de “no cambiar el escenario de economía de mercado y democracia política”. En la época, la dictadura castrista ensayaba en Latinoamérica un nuevo esquema de “toma del poder político”: elecciones democráticas ganadas por un populista financiado por el castrismo, que una vez en el poder cambiaría la Constitución para imponer, desde el gobierno, un régimen "socialista". La primera experiencia triunfal había sido Venezuela, que eligió a Hugo Chávez y en secuencia triunfaron Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.

Existe la conjetura de que Lula da Silva se comprometió a respetar el sistema brasileño con el objetivo de, después de cumplir su palabra, elegir como su sucesor al hombre de confianza de Fidel Castro en Brasil, José Dirceu, con vistas a --libre Lula de su compromiso-- ensayar en Brasil el mismo esquema de Venezuela, Bolivia y Ecuador, llevando el país al “castrismo”. Ese punto de vista justifica en parte el esquema de compra de parlamentares cuyo jefe era Dirceu y no Lula da Silva, con vistas a que esa compra de voluntades le sirviera como una atadura de cada parlamentar para que en el futuro no se opusiera a la maniobra “socializante”.

En favor de esta tesis está el hecho de que la sustituta de José Dirceu fue la actual presidenta Dilma Rousseff, cuando producto del escándalo lo sustituyó como ministro de la Casa Civil. Rousseff ocupó el mismo cargo ocupado por Dirceu antes, saltando desde allí a la presidencia de Brasil. En este alto cargo, Dirceu preparaba su camino a la presidencia, con mucho poder y dinero.

El esquema fue descubierto y estalló el escándalo que puso de relieve el mecanismo de desvío de dinero público dirigido centralmente por José Dirceu --que no afectó en la época a Lula da Silva-- el que fue preservado tanto por los corruptos como por los acusadores. La corrupción arrastró sin embargo al presidente, al tesorero y al secretario general del PT.

Se inició así un proceso judicial, que en Brasil --y por tratarse de ministros y altos cargos del partido político en el poder-- le corresponduó el Tribunal Supremo de Justicia como foro jurídico para juzgarlos. El proceso de arrastró por siete largos años, hasta que a mediados de 2012 se inició el conocido como “Juicio del Siglo”. La naturaleza política del juicio hizo que este se alargara adicionalmente, llegando hasta el presente año 2013, cuando se dictaron las sentencias, que resultaron en 25 condenados a diversas penas de cárcel.

Según la legislación brasileña, las penas de cárcel son cumplidas en régimen cerrado, semi-abierto, o en prisión domiciliaria, según sean los años de condenación y la característica de ser o no reos primerios los condenados. En el caso del “mensualón”, Dirceu fue condenado a más de 10 años de prisión en régimen cerrado y otros altos cargos del PT a regímenes semi abiertos, por lo cual la estrategia de las defensas insistieron, en esta fase final del juicio, en hacer valer un dudoso procedimiento de apelación --cuando ya las sentencias fueron dictadas-- con vistas a que, los principales condenados (12 de los 25 sancionados) pudieran tener el derecho de a nuevo juicio.

Así las cosas, el Tribunal Supremo brasileño se dividió. Previamente y como el proceso fue muy largo, algunos de los miembros del Tribunal Supremo se tuvieron que jubilar por ley (a los 70 años en Brasil hay retiro obligatorio) y los nuevos miembros (nombrados por la presidenta Rousseff y por tanto, supuestamente comprometidos con los “militantes”) desbalancearon la votación haciendo valer los recursos de apelación en favor de los reos condenados.

En los finales del juicio, Brasil vivió una semana con la expectativa del resultado, porque en la penúltima sesión se había registrado un empate de 5 votos a favor de autorizar la apelación y 5 votos en contra, suspendiéndose entonces las sesiones del juicio por una semana, dejando el voto decisivo para la semana siguiente, haciendo más evidente la importancia de la decisión del juez que tuvo que decidir con su voto el empate. Se escribieron muchos artículos en favor de las apelaciones, básicamente de simpatizantes de la izquierda y muchos en contra de autorizar la apelación, argumentando que así se favorecerían a reos ya condenados, para reducirle las penas.

Un aspecto a resaltar es que --de la manera como fue decidido-- (en favor de hacer un nuevo juicio a materializarse el año próximo) las sensación de impunidad por parte de los corruptos quedó evidenciada. Los principales reos condenados en el primer juicio transmitido entonces por TV, les fueron ventiladas las evidencias de sus culpas, por lo que darles la oportunidad de un nuevo juzgamiento refuerza la sensación de la impunidad que el PT siempre criticó. Una de las principales banderas del partido de Lula da Silva y Dilma Rousseff contra la impunidad, viene favorecer ahora a sus “camaradas” demostradamente corruptos.

En el nuevo juicio, con nuevos jueces (supuestamente comprometidos con los “compañeros”) se corre el riesgo de que los delitos queden sin castigo, el poder judiciario brasileño al máximo nivel quede desprestigiado y la sociedad en su conjunto se resienta ante la constatación de que los “poderosos” (no sólo los ricos) son impunes ante la justicia y que hagan lo que hagan, siempre estarán protegidos. Este episodio demuestra una vez más que no es la ideología de izquierda o de derecha de un partido político lo que define la decencia y la corrección ética y moral en el manejo de los asuntos publicos, sobre todo, en lo que tiene que ver con la impunidad y la corrupción.

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