Los estados pueden abrir una puerta importante para despenalizar el consumo de marihuana en México, y modificar las legislaciones locales sería un primer paso para el cambio en las leyes federales, coincidieron cuatro ex ministros.

Los gobiernos estatales pueden legislar sobre el tema e iniciar lo que sería un camino viable para la despenalización de esta droga, dijo el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont.

“(Los estados) tienen competencia en materia de salud, tienen competencia para dictar normas procesales, para dictar sus propias cuestiones orgánicas en cuanto a fiscales, policías y tribunales, y en esos ámbitos pueden moderar y plantear las dosis que son competencia de los estados, con una aproximación diferenciada”, señaló el exfuncionario durante su participación un foro en la capital mexicana.

Explicó que en 2009 el Congreso abrió la puerta a los estados para que presenten un enfoque territorial sobre el tema, cuando aprobó reformas a la Ley General de Salud que dictan que Federación y estados comparten la responsabilidad sobre el narcomenudeo.

El excanciller Jorge Castañeda dijo que ahora la despenalización del consumo de marihuana en las entidades mexicanas es mucho más viable gracias a que, en Estados Unidos, los estados de Colorado y Washington legalizaron la marihuana para uso recreativo en noviembre pasado.

Esto, explicó Castañeda, invalida el argumento de que no se puede avanzar en la despenalización de las drogas en México mientras otros países no lo acompañen para dar el paso.

Gómez Mont y Castañeda coincidieron en que actualmente existen las condiciones para que la Ciudad de México sea pionera y legisle sobre la despenalización de la marihuana.

En la Cámara de Diputados, el perredista Fernando Belaunzarán impulsa una iniciativa para despenalizar la marihuana, mientras en la Asamblea Legislativa del DF, el legislador Vidal Llerenas dijo que en el próximo periodo de sesiones impulsará cambios para su legalización con fines terapéuticos.

La capital mexicana se ha distinguido por la aprobación de leyes controversiales como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Las modificaciones a la Ley General de Salud también despenalizaron el uso personal de algunas drogas, con lo que un consumidor puede portar hasta cinco gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína y 50 miligramos de heroína, entre otras.

El consumo de pequeñas dosis de marihuana y otras drogas no está penado en México pero, dijo el escritor Héctor Aguilar Camín, “muy pronto se pasa de ser consumidor a ser delincuente que está traficando con la marihuana”.

La marihuana, como cualquier droga, tiene efectos nocivos para la salud, explicó Juan Ramón de la Fuente, exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero estos dependen de tres factores: la edad en que se inicie el consumo, la dosis y el tiempo.

Sin embargo, dijo, el riesgo de volverse adicto es menor en la marihuana, donde solamente es de 9%, mientras que en el alcohol es de 15%, en la cocaína de 17% y en el tabaco de 32%.

María Elena Morera, titular de la organización Causa en Común, señaló que se deben revisar las dosis aprobadas y cambiar “la persecución de la prohibición”, pues la criminalización en el uso de marihuana en México ha llevado a miles de consumidores a la cárcel y ha costado mucho dinero al Estado.

“Ha sido inútil el querer prohibir las drogas y pensar que por eso no se iban a utilizar, es irresponsable quedarnos en el mismo camino cuando ya vimos que ha sido un fracaso”, dijo.

Para Gómez Mont, “el consumo de la marihuana por sí solo no es una actividad violenta, el entorno de ilegalidad en la que lo rodeamos acerca a muchos jóvenes a las organizaciones criminales, marginaliza y criminaliza cuando son verdaderos problemas de salud”.

Otra consecuencia de la prohibición del uso de esta droga es que esto eleva su precio en el mercado, lo que genera grandes ingresos para los criminales, explicó Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda.

Esto, dijo, permite a los traficantes defender su mercado con la compra de armas, la contratación de asesinos y repartidores y la compra de autoridades a través de sobornos.

Gómez Mont consideró que la elección de consumir o no drogas es una decisión de los ciudadanos mayores de edad en la que el Estado no puede interferir, siempre y cuando esto no dañe a terceros.

“La criminalización absoluta de la marihuana es un acto de parternalismo que tiene que ser revisado”, dijo.

Tomado de INFOLATAM/CNN