Por Huber Matos Araluce.-

Una información de la Agencia France Presse desde La Habana, anuncia que la cadena de hoteles Meliá abrirá este año su instalación hotelera número 26 en Cuba, junto a una de las mayores marinas del Caribe que tiene 1200 atraques para yates y que es parte de este complejo turístico de Meliá y la empresa castrista Gaviota.  Por lo visto Meliá apuesta y ayuda a que el castrismo dure hasta finales del siglo o más.

Este contubernio entre una empresa capitalista española y la dictadura en Cuba no es nada nuevo.  Ha sido un largo proceso en el cual tanto Meliá como el castrismo han sacado jugosos beneficios.  Mientras más recursos tenga la dictadura más podrá reprimir a los opositores que luchan por la democracia y más podrá explotar al pueblo cubano.

En sus negoios para Meliá no hay consideraciones morales, lo que les importa son las ganancias.  A eso es a lo que se llama el capitalismo salvaje, una modalidad de la empresa privada que busca la oportunidad de hacer dinero sin importar las consecuencias de sus actividades.  Para ellos lo que importa es el “cash”.

Quienes respaldamos otro tipo de capitalismo creemos que Meliá debe pagar un precio por el atropello en que está involucrado.

Ningún cubano en el mundo debía ir a un hotel de Meliá y cada uno de nosotros debía persuadir a todo el que conozca que no debería hospedarse en ningún establecimiento de esa cadena hotelera.

Sería una forma de solidaridad democrática con quienes luchan  por la libertad en Cuba.  No necesitamos una organización para poner en marcha  un boicot,  podemos tomar tomar esa decisión en forma individual e inmediata.

Podría hacerse una campaña con este objetivo, pero esto implicaría tiempo, organización y recursos. No compliquemos las cosas ni pongamos excusas, lo que hay que hacer es que cada uno por su cuenta comience a boicotear a Meliá.

Lo segundo que podemos considerar es como se va a penalizar a los ejecutivos de Meliá una vez que la democracia llegue a Cuba.  Los responsables de este contubernio deben ser acusados de complicidad con la dictadura.  Esto implica tipificar el delito en una ley durante el periodo de transición o provisionalidad.  Pero tampoco hay que esperar, las organizaciones opositoras pueden manifestarse el respecto.  Espero que el CID lo haga lo antes posible.

Lo tercero es que Meliá como empresa debe pagar por su asociación con la dictadura. En este sentido creo que debe ser demanda en los tribunales de Cuba democrática y que sus activos en nuestro país deben ser congelados, expropiados o confiscados inmediatamente.  Tampoco hay que esperar para estudiar y discutir todo el aspecto legal del asunto.  Se puede empezar ya.

Por último no voy a perder la oportunidad de señalar lo que es obvio.  Ni a Melia ni al gobierno español le interesan un cambio democrático en Cuba.  Son muchos miles de millones de dólares los que están en juego.  En consecuencia, al ser parte interesada en la permanencia del castrismo, cualquiera que sea la modalidad en que este quiera reciclarse, el gobierno español no sería neutral en una transición negociada en Cuba.  No se puede ser parte y juez.