Una de las grandes paradojas de los sectores pseudo-progresistas es no solamente defender a un régimen de partido único en Cuba, sino avalar algo muy caro a sus ideas, como la aplicación de la pena de muerte en ese país. Es el caso contradictorio, por ejemplo, del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel o del destituido alcalde de Buenos Aires Aníbal Ibarra, quien enseñaba derecho penal haciéndole leer a sus alumnos Reflexiones sobre la guillotina de Albert Camus. Lo mismo sucede con otros tantos personajes latinoamericanos, de cuestionables convicciones democráticas, que defienden abierta e impunemente al régimen militar de los hermanos Castro.

Por eso no llama la atención que, sin ningún desparpajo, Raúl Castro justifique la tipificación de la pena de muerte en el sistema legal cubano como lo hizo durante la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Lo justificó alegando las amenazas del narcotráfico, algo poco creíble viniendo de un aliado de las FARC, pero también como respuesta a los supuestos “atentados y sabotajes” que sufre esta “pacífica” revolución encabezada por militares armados hasta los dientes.

Vale la pena recordar que en marzo de 2003 el régimen de los Castro aplicó la pena de muerte a tres mulatos, quienes con el objetivo de emigrar secuestraron una lancha sin provocar ningún tipo de daño a terceros. Es decir, estas tres personas no cometieron un delito grave, pero como advertencia “ejemplificadora” a una sociedad que vive bajo esclavitud política fueron condenados a pena de muerte y ejecutados en una semana tras un juicio sumarísimo.

De ahí el famoso “hasta aquí he llegado” de José Saramago y otros tantos intelectuales de izquierda hasta entonces simpatizantes de la revolución, incluyendo a dirigentes del Partido Comunista Italiano, frente a esos asesinatos -¿qué otra cosa fueron?- del régimen cubano, en el marco de la Primavera Negra del 2003 que incluyó la detención y condena a largas penas de prisión a 75 opositores pacíficos por ejercer derechos fundamentales que en Cuba están tipificados como delitos.

Al episodio del 2003 hay que agregarle un triste récord de la dictadura cubana en materia de fusilamientos, muchos de los cuales son responsabilidad de Raúl Castro. Es decir, el representante de Cuba que presidirá la Celac no solamente es un mandatario que carece de legitimidad democrática, sino también una persona denunciada por haber cometido ejecuciones extrajudiciales.

Lo curioso es que muchos piensan que Cuba, con un régimen de estas características y reprimiendo obscenamente los derechos humanos, tiene que estar en la Celac. ¿Pensarían lo mismo si un Pinochet, Videla o Stroessner estuviera en lugar de Raúl Castro?

Como puede apreciarse, esta combinación de tibieza democrática e hipocresía latinoamericana es la que le permite a los hermanos Castro mantener férreamente su dictadura y continuar conculcando las libertades fundamentales del pueblo cubano. Pero si algo se aprendió de las experiencias dictatoriales es que cuando terminan todo sale a la luz. Y cuando esto suceda en Cuba, el impacto político que tendrá en América Latina será enorme, en especial en los sectores autoritarios y complacientes de la izquierda regional.

Tomado de INFOBAE