Pedro Corzo.-

La decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de posponer la juramentación del presidente, aparte de ser un golpe mortal a la frágil institucionalidad que vive ese país, refleja también las diferencias que existen entre las dos personalidades más reconocidas del chavismo, el canciller vicepresidente Nicolás Maduro y el teniente golpista, ahora legislador, Diosdado Cabello.

La descomposición del chavismo, sin que esto implique que esté próximo su final, está reflejada en la crisis constitucional que concluyó con un zarpazo a la Carta Magna y en un golpe de estado institucional.

Cabello y Maduro burlaron la voluntad de Hugo Chávez, que después de un llamado a fortalecer la unidad, algo innecesario en un poder que decía ser monolítico, enfatizó en relación a su vicepresidente: “No solo debe concluir el período, sino que mi opinión firme, plena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario, que obligaría a convocar a nuevas elecciones, ustedes elegirían a Nicolás Maduro como Presidente de la República”.

La voluntad del Caudillo no fue respetada y en un acuerdo entre lobos, el TSJ ante el peligro de tomar una decisión que podía terminar con el bienestar de todos los que usufructúan el poder, pretendió actuar con más sabiduría, sin lograrlo, que el rey Salomón, porque postergó, para satisfacer a ambas partes, una decisión clave que hubiera llevado a la presidencia a uno de los dos rivales.

La sentencia del Tribunal permite que el heredero designado, Maduro, y el aspirante a sustituirlo, Cabello, sigan compartiendo escenario y poder, hasta que por las causas que sean, llegue el impostergable momento en el que tengan que zanjar sus diferencias, o un Chávez reciclado pueda retomar el poder.

Los magistrados demostraron ampliamente que para ellos no es fundamental la legitimidad del gobernante, sino impedir un conflicto en el que los intereses de todo el entramado oficialista pudieran resultar afectados.

El Tribunal que responde a los intereses del oficialismo fue renovado parcialmente en el 2010 por la chavista Asamblea Legislativa que designó a nueve magistrados principales y 32 suplentes. Entre los magistrados fueron nombrados cinco diputados del gobierno.

Es importante destacar que el pasado mes de diciembre, cuando ya se vislumbraba que el TSJ tendría que tomar decisiones claves en relación a la salud del Presidente, siete magistrados fueron relevados de sus funciones porque no ofrecían garantías de legitimar con sus decisiones las ilegalidades que podrían producirse. Una parcialidad que solo se puede apreciar en las dictaduras.

En base a la dictadura institucional que Hugo Chávez estableció de forma escalonada, la separación entre los poderes del Estado es inexistente y el resultado es que cada una de las cinco ramas de gobierno actúa para apoyarse recíprocamente.

El régimen legal esta prejuiciado políticamente, en consecuencia, sus funcionarios pueden actuar contra los detractores, imponer controles a los medios de información y tomar decisiones jurídicas que limitan la legitimidad de las protestas de la oposición, sin correr el riesgo de enfrentar sanciones internacionales que amenacen su viabilidad.

Si se analiza la conducta de cada uno de los poderes del Estado es fácil apreciar que prácticamente el 100 por ciento de sus decisiones favorecen la voluntad del poder ejecutivo y cuando esto no ocurre los cambios en esa rama del Estado no se hacen esperar.

Un ejemplo que demuestra que en Venezuela hace muchos años las instituciones responden al ejecutivo y que hay mucho de ficción cuando una persona o entidad confía en que pueda tener lugar una decisión ajustada a derecho la expone en una entrevista la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León.

Dijo la ex magistrada: “Una situación que se originó en una decisión que se tomó en relación a los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando el TSJ estableció que no hubo golpe de Estado y que no había pena asignada a la acusación hecha contra cuatro militares por el ministerio público. Como en esa oportunidad la decisión no favoreció al Ejecutivo, pues la votación fue de 11 a nueve entre 20 magistrados, decidieron nombrar 12 magistrados más para no volver a perder una votación en relación a una decisión en la que tuviera interés el Gobierno. Se llegó entonces a la enorme cantidad de 32 magistrados en el TSJ y desde entonces todas las decisiones han favorecido al Ejecutivo”.

Un informe de Human Rights Watch del 2008 señalaba la concentración y abuso de poder en Venezuela. Observaba que el ejecutivo había tomado el control del Tribunal Supremo de Justicia y que la Asamblea Nacional sancionaba leyes que ampliaban las facultades del gobierno. El informe refería que el TSJ “ha rechazado expresamente el principio de que el poder judicial debería actuar como un control independiente del poder presidencial y, junto con el presidente, desestima la autoridad del sistema interamericano de derechos humanos”.

¿Hay espacio para dudar de que en Venezuela rige un régimen de facto?