La policía cubana puso en libertad el lunes al destacado activista opositor Antonio G. Rodiles, 19 días después de su arresto durante una violenta represión que generó una rara queja legal por abusos policiales, presentada por abogados disidentes.

Foto Yoani Sánchez

“Ahora hay que seguir, por supuesto, con más fuerza”, dijo Rodiles al blog Diario de Cuba, con base en España. “La moraleja es que las cosas tienen que cambiar y la violencia tiene que cesar”.

Juan O. Tamayo

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Su familia pagó una multa de 800 pesos —alrededor de $32, o el equivalente de dos meses del salario promedio en Cuba—, pero él no supo la acusación exacta en su contra, porque no leyó el documento, agregó Rodiles.

Agentes de la Seguridad del Estado arrestaron y golpearon a Rodiles mientras él y otros disidentes se reunían frente a una estación policial de La Habana, el 7 de noviembre, para exigir la liberación de la abogada opositora Yaremis Flores, que había sido detenida anteriormente ese mismo día. Una foto tomada en la cárcel con un teléfono celular mostró que Rodiles tenía un amplio moretón en un ojo.

La policía liberó a los otros activistas en cuestión de días, pero la prolongada detención de Rodiles bajo cargos aparentes de resistirse al arresto fue condenada por el gobierno de Estados Unidos, líderes del exilio y por grupos internacionales de derechos humanos.

Rodiles dirige dos proyectos disidentes que han ganado un amplio reconocimiento en los meses recientes: la propuesta Estado de Sats, a favor de libertades intelectuales y culturales, y la Demanda Ciudadana por Otra Cuba, que se enfoca en los derechos humanos.

Flores y otros tres abogados detenidos entre el 7 y el 8 de noviembre, por su parte, presentaron una denuncia en un tribunal provincial de La Habana, acusando a los agentes de la Seguridad del Estado que participaron de arrestos “arbitrarios” y violentos, y pidiendo a los fiscales que impongan “correcciones disciplinarias por los perjuicios que han ocasionado”.

Laritza Diversent, una de los abogados, dijo que la denuncia estaba concebida para “ejercer el derecho de queja”, garantizado por la constitución cubana y por los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos que La Habana ha firmado.

La denuncia alegó que los agentes de la Seguridad del Estado no se identificaron, emplearon violencia innecesaria y se negaron a informarle a la mayoría de los familiares de los detenidos el lugar donde los habían encerrado.

Los agentes violaron los “principios para la protección de todas las personas bajo cualquier forma de detención o prisión”.

Históricamente, los disidentes no han llevado sus denuncias a tribunales, al saber que éstos están estrictamente controlados por la rama ejecutiva y el gobernante Partido Comunista. Pero en los últimos años han surgido algunos desafíos legales.

Diversent dijo que ella había presentado en agosto una denuncia similar contra otras detenciones arbitrarias. El tribunal todavía no ha fallado en ese caso, pero según el sistema legal de la isla, los jueces tienen hasta el miércoles para emitir una respuesta inicial.

La bloguera Yoani Sánchez, de La Habana, presentó este verano una apelación administrativa ante el Ministerio del Interior, exigiendo una explicación de por qué dicho ministerio nunca dio respuesta a su solicitud del 2010 para un permiso para viajar al extranjero.

El abogado disidente Wilfredo Vallín ganó su demanda del 2009 para obligar al Ministerio de Justicia a responder a su gestión inicial para inscribir legalmente la Asociación Jurídica Cubana, un grupo de abogados dedicados a asesorar a ciudadanos cubanos con dificultades legales.

Vallín dijo el lunes que ahora ha presentado una apelación contra la respuesta del ministerio: que la asociación no puede inscribirse porque dos agencias controladas por el gobierno ofrecen ya esos servicios.