Lo que comenzó como una huelga de hambre terminó con la toma de estaciones en ocho de las diez ciudades más importantes. Exigen un alza salarial. El palacio presidencial quedó bajo vigilancia militar. Vea las fotos

Centenares de uniformados de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Santa Cruz y Trinidad, capitales de departamento, se plegaron a la protesta iniciada más temprano por 50 mujeres, esposas de algunos de ellos, que emprendieron una huelga de hambre en un cuartel de La Paz. Reclaman un salario mínimo de 2.000 bolivianos (unos 287 dólares), casi 70% más de lo que reciben, la jubilación con el 100% de sus salarios y la anulación de una ley que les prohíbe opinar públicamente.

Los agentes están amotinados en nueve cuarteles en Bolivia y junto a sus cónyuges ocuparon de manera pacífica cinco comandos departamentales. Sólo las ciudades de El Alto y Cobija no reportaron incidentes.

"El motín se está registrando en todo el país, los policías se están replegando y no están saliendo a patrullar", informó Guadalupe Cárdenas, líder de un sindicato de esposas de policías, en una improvisada conferencia de prensa en las afueras de una unidad antimotines tomada por los sublevados.

Cárdenas participó de la toma violenta de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP, antidisturbios), que dejó tres heridos por choques a puño y palos entre uniformados, a media cuadra de la Plaza de Armas, donde se hallan el presidencial Palacio Quemado y la sede del poder Legislativo. Los sublevados, además, se apropiaron de una docena de fusiles y metralletas, además de nutrida munición, que se encontraban ocultos en una vagoneta en un patio, según imágenes de televisoras privadas.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo están sin vigilancia policial. El Palacio de Gobierno "cerró sus puertas y no hay atención", informó a la agencia AFP la oficina de comunicación presidencial, mientras que el canal privado de televisión PAT filmó a militares en sus interiores armados con fusiles. El presidente Evo Morales se halla en Brasil participando en la cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Rio+20 y se espera su llegada a Bolivia en las próximas horas.

El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre el último cuadro de situación, mientras el Ministerio de Interior dijo que se espera abrir un canal de diálogo con los rebeldes en las próximas horas.

Entre tanto, el comandante departamental coronel Rosalío Alvarez señaló: "estamos investigando lo que ha pasado, han visto que gente infiltrada ha participado de todo esto". Y dijo que no se tiene reporte de detenidos.

"Todo esto es resultado de un Gobierno malagradecido con la policía", aseguró a la radio privada Erbol el ex mayor de policía, David Vargas, quien en 2003 comandó un motín en contra de la presidencia derechista de Gonzalo Sánchez de Lozada y por el que fue dado de baja.

Al caer la noche había tranquilidad en La Paz y otros regimientos policiales, aunque los uniformados amenazaron con endurecer sus protestas en las próximas horas si no tienen atención del Gobierno.

El ministro de Interior, Carlos Romero, quien ejerce el mando político y administrativo sobre la Policía, había descalificado más temprano las protestas, antes de que el conflicto se disparara. Dijo que el reajuste de sueldos, como piden los uniformados, "implica más de 100 millones de bolivianos (unos 14 millones de dólares) y que no es fácil resolver las cosas".