ONG de todo el continente expresaron su preocupación respecto del futuro de esa dependencia, amenazado por las reformas que impulsan los Gobiernos bolivarianos

Estas asociaciones de América Latina y el Caribe demandaron a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que garanticen el "funcionamiento no restrictivo" de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Cualquier propuesta que debilite su función implica atentar directamente contra las víctimas o potenciales víctimas de los abusos de autoridad", declaró Karina Banfi, secretaria ejecutiva de la Alianza Regional para la Libre Expresión.

La Alianza planteó sus observaciones a la propuesta de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, formulada por los países bolivarianos, en el marco del diálogo informal de la Asamblea de la OEA reunida en el municipio de Tiquipaya del departamento de Cochabamba.

Banfi explicó que la propuesta de los países bolivarianos, encabezados por Ecuador y Venezuela, podría afectar a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, tanto en lo que se refiere a su financiamiento como a la ejecución de sus actividades.

La Alianza recordó que los "notables progresos" alcanzados en materia de libertad de expresión y acceso a la información en la región "han beneficiado a millones de personas", gracias al "trabajo constante y riguroso" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  y de la CIDH, en el marco de un sistema que "constituye una barrera contra todas las formas de arbitrariedad".

Indicó, además, que al menos tres de las recomendaciones contenidas en el proyecto bolivariano afectan directamente a la Relatoría Especial de Libertad Expresión: la incorporación de los informes de todas las relatorías en un capítulo único del informe anual de la CIDH, la sugerencia de unificar el financiamiento en una bolsa única para todas las relatorías y el establecimiento de un "código de conducta" para regular su gestión.

Banfi precisó que la propuesta de someter a los relatores a un "código de conducta" perjudicaría gravemente la "independencia y eficacia" del Sistema Interamericano. "Nunca un Código de Conducta podría convertirse en un impedimento para que la Relatoría Especial emita comunicados, cartas o recomendaciones antes de que se consume una violación o se genere un perjuicio irremediable, pues es fundamental el carácter preventivo que tiene en el Sistema Regional para la defensa de los derechos".