Roger Pinto teme a represalias por revelar los nexos de funcionarios de Evo Morales con el narcotráfico. El canciller Antonio Patriota dijo que la administración de Rousseff ya estudia el caso, aunque no hay plazos para una respuesta

El partido de Pinto, el derechista Convergencia Nacional, confirmó que el legislador se encuentra en la embajada de Brasil en La Paz y solicitó asilo político, petición que "está en manos" de Itamaraty, según un vocero de la legación. El gobierno de Dilma Rousseff analiza en estos momentos el pedido, sostuvo el ministro brasileño de Exteriores, Antonio Patriota, quien no precisó cuánto tiempo tomará una decisión al respecto. Sin embargo, el vocero de la Cancillería brasileña, Tovar Nunes, explicó que la solicitud será analizada dentro del marco legal, lo cual supone "reunir elementos de juicio para establecer si cabe" la concesión del asilo político.

Nunes subrayó que Brasil tiene una "larga tradición" en materia de asilo y que es signatario de convenios internacionales que garantizan ese "derecho", pero aclaró que cada caso es "examinado cuidadosamente". También explicó que Pinto podrá permanecer en la sede de la embajada brasileña hasta tanto haya una decisión. Desde la crisis política de 2008, Brasil otorgó asilo político a varios ciudadanos bolivianos que eran opositores al gobierno de Morales.

Pinto, de 52 años y parlamentario desde 1997 por el pequeño departamento amazónico de Pando, fronteriza con Brasil en el extremo norte del país, dice ser perseguido por el presidente populista y nacionalista Evo Morales, a quien acusa de nexos con el narcotráfico. Además, afirma que su vida y la de sus familiares se encuentran en peligro en Bolivia.

"Después de varios años de lucha intransigente por la defensa de los derechos humanos, la plena vigencia del sistema democrático y el respeto a disentir y pensar diferente, hoy me veo en la difícil y dolorosa circunstancia de solicitar refugio en la embajada de la República del Brasil, porque no me queda otra alternativa frente al acoso y la persecución inclemente a la que fui sometido todo este tiempo por parte del gobierno de Evo Morales", afirmó Pinto en una nota leída por su correligionario Adrián Oliva.

Pinto denuncia, entre otras cosas, que hay "más de 20 procesos penales" abiertos en su contra por el Gobierno y el oficialismo, cada "uno más descabellado que el otro", por lo que tiene que acudir "casi todas las semanas" a declarar en cuatro de las nueve ciudades principales del país. "A cada denuncia que hice por corrupción o narcotráfico, se me abrió un proceso penal por desacato, sedición o difamación, entre otros. (...) Ya no son un oprobio la corrupción y el narcotráfico, sino el denunciarlos. Se ha institucionalizado la impunidad", afirmó en su misiva.

Uno de esos juicios es el que le abrió el vicepresidente Alvaro García Linera, pues Pinto dijo que él y el ex ministro de Interior Sacha Llorenti sabían las actividades del ex general de la Policía René Sanabria, detenido en febrero del año pasado bajo cargos de narcotráfico en Panamá y luego entregado a los Estados Unidos. Un juez de Miami condenó a Sanabria en septiembre pasado a 14 años de prisión.

El parlamentario que tramita refugio también figura como autor intelectual de una matanza en su departamento, en la que murieron unos 15 campesinos leales al presidente Morales.

El Gobierno no hizo ningún comentario, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo deploró la iniciativa del senador opositor de pedir refugio, el primer caso de un político que ostenta un cargo electivo desde que Bolivia recuperó la democracia en 1982, tras décadas de dictaduras militares. El diputado Galo Bonifaz del MAS calificó de "exageradas esas acciones de intento de pedir un asilo político, porque están confundiendo a la opinión pública", mientras que su correligionario Fidel Surco aseguró que "no hay razones para argumentar persecución política". Tras negar la persecución, los diputados del MAS dijeron que Pinto debe responder por acusaciones de presunta corrupción cuando fue gobernador de Pando (1999-2002).

"El gobierno de Evo Morales no garantiza la vida de ningún opositor en el país. Lamentablemente, estamos viviendo en un estado total de indefensión", dijo la senadora Jeanine Añez, correligionaria de Pinto que lo acompañó el lunes a la embajada brasileña. La oposición anunció que la próxima semana acudirá a la ciudad central de Cochabamba para denunciar en la 42ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) las supuestas persecuciones de que son objeto.

Pinto no es el único opositor que pidió asilo, refugio o huyó del país. Al menos una veintena de empresarios y parlamentarios siguieron esta vía tras acusar al Gobierno de persecución política y están en Paraguay, Perú, Argentina, Estados Unidos y España, desde que el presidente Morales, un indígena de tendencia izquierdista, llegó al poder en 2006.

Entre ellos se encuentran el ex candidato presidencial Manfred Reyes Villa, en Estados Unidos, y los ex gobernadores José Luis Paredes, en EEUU, y Mario Cossío en Paraguay.

El ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2001-2002) también está en Estados Unidos, a pesar de que se le sigue en un juicio en ausencia por sus responsabilidades en una masacre de vecinos en 2002.

El senador Pinto hizo varias denuncias de corrupción contra el gobernador oficialista del departamento de Pando e incluso dijo el año pasado que entregó informes reservados al propio Evo Morales, los que nunca fueron comentados por el oficialismo.

El legislador opositor ejerce labores políticas desde que militó en la extinta Acción Democrática Nacionalista, un partido de derecha del que fue jefe el fallecido presidente Hugo Banzer (de facto en 1971-77 y electo en 1987-2000).

Otros opositores están en la cárcel, tal el caso del ex gobernador de Pando Leopoldo Fernández, preso desde octubre de 2008.