Por MAURICIO DE VENGOECHEA

La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de declarar inexequible el acuerdo suscrito con el gobierno de Estados Unidos para la utilización por parte de tropas norteamericanas de siete bases militares, es una demostración adicional de que Colombia es un país de instituciones democráticas cada vez más sólidas, al mismo tiempo que una bofetada al talante caudillista del saliente presidente Álvaro Uribe, quien consideraba que su gran poder estaba por encima del Estado de Derecho.

Y es que mas allá de la discusión acerca de la conveniencia o no, de la utilización de las bases por parte de tropas estadounidenses, el presidente Uribe tenía la obligación de enviar al Congreso Nacional el acuerdo suscrito, para que fuese dicho poder del Estado y no el Ejecutivo, quien validara los términos del mismo.

Sin embargo, el respaldo popular que le brindaba el llamado "estado de opinión" que él mismo fomentó durante los ocho años que estuvo en el poder -el cual le permitió entre otras cosas salir con 80% de aprobación a su gestión-, a su buen saber y entender era suficiente para evitar que el Congreso Nacional se pronunciara sobre un tema de tanta importancia, algo que además no tenia explicación, partiendo del entendido que el entonces presidente Uribe contaba con el respaldo de la mayoría de los parlamentarios.

Hoy la decisión soberana de la Corte Constitucional, que ciertamente no es de los afectos del ex Presidente, ya que fue la misma institución que por razones de procedimiento tuvo a bien impedir su segunda reelección, deja sin efecto una decisión clave para nuestras relaciones con Estados Unidos desafortunadamente asumida bajo la premisa del autoritarismo.

Lamentablemente la resolución de la Corte deja abierta la posibilidad para que el actual gobierno acuda al Poder Legislativo en busca de una tabla de salvación, para revivir un acuerdo que ciertamente no contribuye a que Colombia recupere la confianza puesta en entredicho con los países suramericanos, tampoco facilita la reanudación de buenas relaciones diplomáticas con nuestros vecinos, principalmente Venezuela y Ecuador, esfuerzo que marcó las primeras horas del nuevo gobierno, y mucho menos es una noticia que sume al deseo sudamericano de convertir la región en zona libre de bases militares norteamericanas, una aspiración diplomática de años, que otras regiones han logrado.

La manera como el gobierno del presidente Santos acate esta importante decisión, será por demás una nueva señal positiva de que por encima de los personalismos, este gobierno respetara las instituciones democráticas, sus decisiones y la autonomía de los poderes del Estado.

Consultor político de Newlink