Siete de diez consideran que el presidente Ricardo Martinelli gobierna de manera autoritaria, según una encuesta. Creen que los intereses económicos y políticos afectan las políticas sociales del Ejecutivo

La encuesta de la empresa Unimer, divulgada el jueves en el diario La Prensa, señaló que el 72% de los panameños respondió afirmativamente a la pregunta "¿Cree usted que la democracia panameña está en peligro?". Un 24% opinó negativamente. La encuesta también reveló que el 70% de los panameños considera al presidente Ricardo Martinelli como un personaje autoritario. Un 27% opina que no lo es.

 

El vocero de la presidencia, Luis Eduardo Camacho, considera que los intereses económicos y políticos "quieren inducirle también a la población la idea de que aquí vivimos en una dictadura, pero las percepciones se caen ante la realidad, aquí vivimos una plena democracia", dijo Camacho.

La oposición dice estar preocupada por lo que considera un intento del presidente Martinelli de controlar los tres órganos del Estado. El partido Cambio Democrático (CD) de Martinelli, un empresario conservador ganó contundentemente las elecciones de 2009 para un quinquenio, ganó la mayoría de escaños en el legislativo. Y ha incrementado considerablemente los puestos en la Asamblea debido que varios diputados se han inscrito en las filas del CD. En sólo dos años y medio de Gobierno, Martinelli ya ha designado a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia para reemplazar igual número de juristas a quienes se les venció el período.

La encuesta fue realizada entre el 19 y el 22 de enero de 2012 a 1.203 panameños. Con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales, fue divulgada en momentos en que la Asamblea Legislativa está a poco de aprobar la creación de una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia, que requeriría de la designación de tres nuevos magistrados. Los opositores sostienen que, de aprobarse esa nueva instancia, se consolidaría la injerencia del Ejecutivo en el órgano judicial.

Martinelli señala que tiene en contra a los sectores empresariales molestos porque se les obliga a pagar impuestos, y que por eso impulsan una campaña de desprestigio contra su Gobierno.