Al norte de Pinar del Río, en un pueblito pesquero llamado El Morrillo, a finales de los 90 algunos tripulantes de Cubana de Aviación adquirieron parcelas cercanas al mar, en las que levantaron casitas para vacacionar.

Un amigo, antiguo navegante de los aviones Il-62, me contó que visitando a un colega en el lugar se embulló y quiso comprar un terrenito que costaba 30.000 pesos (CUP), pero por supuesto no tenía el efectivo encima. No fue problema, un guajiro que se había amigado con los pilotos, literalmente de debajo de la cama de su cuarto, en una casa de mampostería cruda cuyas puertas no cerraban, sacó y prestó desprendidamente la suma.

 

Como esta, incontables anécdotas confirman que desde la legalización de los mercados agropecuarios en 1994 numerosos campesinos cubanos han podido acumular gran liquidez y, lo más importante, haciéndolo legalmente. Esos caudales duramente ganados, que constituyen la base capitalista de la mayor parte de lo que se siembra en Cuba, se verán duramente afectados dentro de muy poco.

Según lo anunciado por el Gobierno sobre la unificación monetaria, el sobreviviente CUP será atacado por varios frentes: devaluación oficial respecto al dólar, subida generalizada de precios e inflación por aumento exponencial de la masa salarial sin contrapartida productiva, al menos a corto y mediano plazo. El resultado, y es lo planificado, será una pérdida dramática del poder adquisitivo del CUP.

Con este panorama, los campesinos que posean ahorros importantes tienen dos opciones antes de que el Estado comience el proceso de ordenamiento monetario: gastar en bienes de consumo o invertir inmediatamente en maquinarias e insumos propios de su operación; quien no lo haga, verá reducirse drásticamente su poder de gasto e inversión.

Pero esos agricultores que tienen opción son los afortunados; muchísimos otros están pendientes de cobrar sumas inmensas a unas empresas estatales que impunemente incumplen los contratos firmados. Tres ejemplos recientes describen un cuadro común en el campo cubano:

En junio de 2019, un productor reclamaba pagos a la Empresa Porcina por medio millón pesos, según publicó el diario oficial Juventud Rebelde. En enero de 2020, la revista Bohemia señaló que a una cooperativa artemiseña el Estado le adeudaba un millón y medio de pesos. Aún en agosto de 2019, de los 14.572.000 CUC que generaron los ganaderos camagüeyanos desde 2013 por entregas con destino a la producción en divisas, solo habían recibido 3.266.000, reportó el periódico local Adelante.

Debido a la debacle del poder adquisitivo, cuando estas deudas sean cobradas el valor real del dinero será muy inferior al actual, con lo que, inexorablemente, estos agricultores habrán sido empobrecidos. Posiblemente, pasarán de acreedores del Estado, a deudores del flamante mecanismo del Banco Agrícola, pero eso solo si llegan rápido, pues este cuenta con un ridículo fondo, menor a un millón y medio de dólares.

Por otro lado, aquellos agricultores que estuviesen invirtiendo ahora mismo en capital fijo —por ejemplo, construyendo una nave ganadera o una mini industria para procesar conservas— deberán apurarse y terminar ya, o detenerse a ver cómo acaba este "baile estatal de cifras", a sabiendas de que donde pensaban gastar 100, probablemente gastarán 1.000.

Entonces, muchas inversiones deberán posponerse, a la espera de que el ajuste termine y la economía se adecue a la manipulación monetaria. Terrible sería que lleguen las medidas —próximas, pero sin fecha definida—, en medio de una inversión, pues lo presupuestado probablemente no alcanzará, teniéndose que escoger entre reducir el proyecto si fuese posible, suspenderlo y asumir la pérdida, o acometer un desembolso muy superior al planificado… si hay con qué.

Quien ya invirtió y esté esperando resultados a corto plazo, debe estar preparado para que, aunque reciba el nominal previsto, este signifique muchísimo menos que antes, lo que conspirará contra su capacidad de reinvertir.

Surgirá también un diferencial negativo entre lo que producirá efectivamente el capital invertido si se realiza antes de que se asiente la polvareda monetaria —por ejemplo, si hay que vender ahora una cosecha que es algo perecedero—, y la depreciación del capital fijo evaluado a los nuevos precios.

Con respecto a las nuevas tiendas agrícolas en Moneda Libremente Convertible (MLC), la ecuación es también siniestra para los agricultores. Los equipos e insumos se tendrán que pagar a precios de mercado internacional, justo cuando la moneda local pierde valor en ese mercado. Asimismo, exceptuando los pocos que logren exportar para comprar en MLC, la mayoría dependerá de tener familia en el extranjero o del mercado ilegal de divisas, y no hay que ser un genio para saber que las tiendas en MLC ofertarán los mejores insumos y equipos. Los campesinos que no compren allí, perderán competitividad ante los que sí puedan hacerlo: la carrera está servida.

Extrañamente, en sus comparecencias televisivas anunciando lo que llaman "Tarea Ordenamiento", ni el incombustible Marino Murillo ni el ministro Alejandro Gil se han referido a las repercusiones de sus medidas sobre el sector agrícola, que parece sufrirá un buen varapalo financiero ¿se les habrá olvidado?

DIARIO DE CUBA