Por IGNACIO J. ÁLVAREZ

La Asamblea General de la OEA que acaba de concluir en Lima no discutió ni emitió pronunciamiento respecto al reciente informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Se trata de un problema estructural de la OEA. Los pronunciamientos y decisiones de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son objeto de consideración apropiada por los órganos políticos de la organización. Tal situación tiene un impacto negativo en la efectividad del sistema interamericano de derechos humanos y en la credibilidad de la OEA.

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH se encuentra facultada para elaborar los informes especiales que considere convenientes para el desempeño de sus funciones. A diferencia de su informe anual, que recibe al menos una consideración formal por el Consejo Permanente de la OEA y una presentación ritual a la Asamblea General, los informes especiales de la CIDH por lo general no son presentados, y menos discutidos, en los foros políticos de la OEA.

La Asamblea General es el máximo órgano de la OEA. Se reúne de manera ordinaria una vez al año, y se esperaría que en ella fuesen considerados los asuntos más importantes ocurridos recientemente en la región. Hace pocos meses la CIDH hizo público su informe especial sobre Venezuela, y concluyó que el Gobierno viola la libertad de expresión; que inhabilita políticamente a candidatos antes de las elecciones; que desconoce los resultados de procesos electorales adversos; que se restringen los derechos políticos a quienes mantienen una línea crítica contra el gobierno y se les somete a represalias, intimidación, persecución judicial y cárcel en algunos casos; que "la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana", y que la vigencia de los derechos humanos se encuentra seriamente limitada.

Tal informe, emitido por un importante órgano de la OEA, tuvo enorme repercusión nacional e internacional y, sin embargo, la Asamblea General de la OEA miró a un costado, revelando una vez más que la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela no es prioridad para los órganos políticos de la organización.

Lamentablemente, las inaceptables y recurrentes omisiones de tales órganos políticos respecto a la situación venezolana justifican con creces el desencanto nacional con la organización y la pérdida de respeto y credibilidad que la OEA sufre en nuestro país.

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