Por Luis Esteban G. Manrique.-

La defenestración del ministro de Planificación venezolano, Jorge Giordani, el “padre espiritual” del modelo económico chavista y sus denuncias de la “falta de liderazgo” de Nicolás Maduro, han creado la primeras grietas en el hasta ahora monolítico Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) en vísperas de su III Congreso Nacional.

(Especial Infolatam).- Algunos analistas creen que Maduro va a aprovechar la cita para purgar a los disidentes y neutralizar el poder de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y líder del ala militar del régimen, señalando como un indicio de esas tensiones que casi todas las propuestas de nombramientos militares por parte de Cabello han sido rechazadas.

El llamado “pacto de La Habana”, sellado tras la muerte de Hugo Chávez ante la presencia de Raúl Castro por Maduro, Cabello y Rafael Ramírez, el poderoso presidente de PDVSA, acordó crear una especie de politburó –o triunvirato– en el PSUV en el que Maduro solo sería un ‘primus inter pares’.

Pero los cubanos parecen temer ahora el vasto poder económico acumulado por Cabello y su ascendencia sobre un importante número de generales en activo. Cuando Cabello culmine su periodo frente a la AN en diciembre, pasará ser solo un diputado más, lo que le dejará en una posición vulnerable cuando se disuelva el actual triunvirato y se haga inevitable un ajuste fiscal, lo que parece inminente por la crisis económica.

Este año la inflación rozará el 70% y el PIB se contraerá un 2%, todo ello en medio del desabastecimiento, la inseguridad y la escasez de dólares para pagar las importaciones. Todo parece indicar que Maduro, que ha calificado a Giordani de “izquierdista trasnochado”, se apresta a dar un giro hacia el pragmatismo entregando las riendas de la economía a Ramírez.

Pero la transición no va ser fácil. Al reclamar “la máxima lealtad y la máxima disciplina”, el propio Maduro viene a reconocer que las intrigas comienzan a proliferar entre las filas chavistas, que ya no creen como antes en las viejas consignas.

Giordani diseñó una estructura económica basada en el intervencionismo estatal, el control de divisas, la eliminación de la independencia del banco central y de PDVSA y la asfixia del sector privado. Cualquier desviación radical de ese programa equivaldría a traicionar al legado de Chávez. Pero mantener el rumbo solo agravará la situación.

Ramírez ya ha anticipado que la corrección del modelo pasa por la unificación de los tipos de cambio –es decir, otra devaluación–, la reducción de los subsidios, incluido el de los combustibles, y la reactivación del aparato productivo reduciendo los controles y promoviendo el diálogo con los empresarios. Un nuevo sistema cambiario significará devaluar el bolívar al menos en un 40% para obtener un mejor rendimiento de los dólares que deja cada barril de crudo exportado.

Las fuentes de la corrupción

Venezuela mantiene un complicado control de cambio con tres cotizaciones oficiales y una paralela, donde el dólar más barato es casi 10 veces menor a los 70 bolívares por dólar que se paga en el mercado paralelo. Ese sistema, diseñado en teoría para prevenir la fuga de capitales, controlar la inflación y proteger a la industria local, crea infinitas oportunidades para la corrupción. Unas sólidas credenciales chavistas son una vía infalible para acceder a las divisas subsidiadas.

Pero la unificación del mercado cambiario no servirá de nada sin reducir los subsidios a los combustibles. La gasolina venezolana es la más barata del mundo. Un litro cuesta unos dos centavos de dólar. Según el propio Ramírez, el coste de esa subvención en 2013 fue de 12.562 millones de dólares, un 4% del PIB.

El llamado coste de oportunidad –es decir, la diferencia entre vender el combustible subsidiado en el mercado interno y exportarlo– oscila entre 25.000 y 32.000 millones de dólares anuales. Y eso es solo la punta del iceberg. Por su insuficiente capacidad de refino, Venezuela importa de EE UU. México y Brasil casi una tercera parte de los 320.000 barriles de gasolina que consume diariamente.

Un estudio de dos investigadores venezolanos de la Universidad de Harvard, Douglas Barrios y Ramón Morales, estima que los subsidios a los combustibles absorben más recursos del Estado que todos los programas sociales juntos (2,3% del PIB). No hay forma más regresiva de redistribuir la riqueza petrolera: el 10% de la población de mayores ingresos recibe de esos subsidios unos beneficios 13,5 veces superiores a los que capta el 10% más pobre.

Ese dispendio genera además un negocio delictivos tanto o más rentable que el narcotráfico: el contrabando de combustibles. La gasolina venezolana es 60 veces más barata que la que se vende en la mayoría de los países vecinos, una diferencia que permite márgenes de beneficio del 1.000% a los contrabandistas.

Según cifras oficiales, cada día se contrabandean unos 100.000 barriles de gasolina a Aruba, Curazao, Brasil y Colombia. La gasolina venezolana, que representa el 15% del total que consume el mercado interno colombiano, solo es un eslabón más de una cadena que abarca todo tipo de productos que Venezuela importa al tipo de cambio oficial –de 6,3 bolívares por dólar– y que vende a precios regulados.

Según algunas estimaciones, hasta el 40% de los productos que importa Venezuela se venden luego de contrabando en Colombia. La propia ministra de Exteriores colombiana, Maria Ángela Holguín, se ha mostrado “escandalizada” de que Venezuela financie el consumo de su país causando pérdidas al gobierno de Caracas de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales.

¿Quién pone el cascabel al gato?

Desde los años setenta, ningún gobierno venezolano ha querido poner el cascabel al gato. No es extraño. Las distorsiones económicas generan negocios multimillonarios para los círculos del poder económico y político. “Si el gobierno encargara solucionar el problema al Vaticano, hasta el Papa terminaría corrompiéndose”, señala con sarcasmo Morales.

Los implicados en el negocio van desde las FARC, a bandas como las de los Rastrojos y la Guardia Nacional venezolana, encargada de controlar las fronteras del país. Según Luis Vicente León, analista de la encuestadora venezolana Datanálisis, un tráfico ilegal de esas dimensiones no sería posible sin la complicidad de las autoridades estatales.

El chavismo no inventó esos mecanismos corruptos, pero sí los adoptó –y adaptó– a sus propias necesidades clientelistas. El actual precio de la gasolina se fijó en 1996, tres años antes de la llegada al poder de Chávez. En 1983 se instauró el régimen de tipos de cambio múltiple. En los años noventa, la inflación promedió el 50% anual y alcanzó el 115% en 1996. Durante la era de Chávez la inflación promedió el 22% anual.

Desde el boom petrolero de la “Venezuela saudí” de los años setenta, todos los ciclos económicos del país han seguido un guión similar: entre 1973 y 1975, 1979 y 1982 y 2003 y 2008 el petróleo subió y el gasto público se desbocó. Los dos primeros periodos acabaron con una brusca caída del precio del crudo y sendas crisis fiscales y de balanza de pagos.

Venezuela es un caso paradigmático de la “maldición del oro negro”, que Morales atribuye al uso oportunista de la riqueza petrolera, advirtiendo que Chávez dejó a Maduro la misma bomba de tiempo que Jaime Lusinchi legó a Carlos Andrés Pérez en 1989.

Ese ciclo perverso sigue siempre la misma secuencia: los petrodólares disparan las importaciones y revalúan el tipo de cambio, lo que impide el desarrollo industrial y agrícola, generando de paso una cultura rentista en la que mucha gente cree que tiene derecho a todo y que no está obligada a nada.

El chavismo no ha hecho nada para corregir esas deformaciones. Más bien las ha exacerbado. La tragedia de Venezuela radica en que si Chávez no se atrevió a corregirlas, no parece probable que nadie más pueda hacerlo.

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