Por JORGE IGNACIO GUILLÉN MARTÍNEZ.- 

El llamado proceso de actualización del modelo económico cubano, como ya es habitual, ha entrado en una nueva fase de profundas contradicciones entre el discurso y la realidad de los cambios o medidas económicas que se han venido aplicando en los últimos tiempos.

Desde la aprobación de los documentos de la conceptualización del modelo cubano, la toma de posesión de Díaz-Canel y también en cierta medida con la aprobación de la nueva constitución, se ha estado dando una imagen de “cambios necesarios” en el discurso oficial, se habla de descentralización y autonomía empresarial, de eliminar la dualidad monetaria, de integrar al sector no estatal con el estatal, de frenar las ilegalidades, etc.

Todo ello ha de conllevar a impulsar el desarrollo prospero y sostenible de la economía, el reciente aumento salarial se suma a esa imagen de cambio, de compromiso con el pueblo y con la elevación del nivel de vida de los cubanos. Sin embargo, sucede que el discurso unas veces no llega a la realidad, y otras se contradice con la propia realidad económica y las medidas que se adoptan.

La descentralización es uno de esos temas en los que se habla de una cosa y se hace otra. Los discursos oficiales mencionan constantemente como una política a aplicar la mayor descentralización de la gestión económica, desde el plan hasta los procesos productivos de las empresas estatales, sin embargo, al mismo tiempo se observa una negativa a empoderar al sector privado y un predominio injustificado (en cuanto a resultados económicos) del modelo de planificación central. La realidad lo que muestra es que se limitan las licencias, se incrementan las regulaciones, se prescinde del aporte que podría generar el sector privado a la economía absorbiendo la excesiva masa laboral de las empresas estatales y generando mayor productividad, no se reconocen derechos de importación, se topan precios administrativamente, entre otras medidas que contradicen el discurso oficial de mayor descentralización y mayor espacio y/o protagonismo para el emergente sector privado. El hecho de que el sector privado ya no sea “un mal necesario” como en los noventas, o que ya no sea reconocido como una realidad negativa, demanda una justificación en la práctica y no solamente un discurso que lo reconoce como una realidad positiva. Para que el discurso sea válido, verdadero y efectivo necesita fundamentarse y justificarse en la realidad cotidiana, de lo contrario son solo palabras.

Por otro lado, las recientes medidas aplicadas por los Consejos de la Administración Provincial en las provincias de Las Tunas, Pinar del Río y la Habana representan ejemplos en este sentido. Medidas económicas que no son coherentes con el discurso de generar una economía próspera y sostenible. Con restricciones y controles administrativos de los precios la evidencia y la teoría económica indican que no se solucionan los problemas de la oferta y por tanto en el mediano y largo plazo habrá más escases e inflación.

Un verdadero proceso descentralizador que empodere y promueva el desarrollo del sector privado, basado en criterios económicos y no en una lógica ideológica de control de la actividad privada, puede ser un potencial factor para despegar la oferta al menos por dos vías: 1. La primera, el sector privado con una liberalización de las fuerzas productivas pudiera aumentar su protagonismo en la producción de alimentos y satisfacer un porcentaje elevado de la demanda nacional, pues está probado que existe potencial en el país para ello. Producciones como huevo, arroz, viandas y vegetales, leche, carnes, entre otras, podrían ser satisfechas totalmente con producción nacional y de esta manera se equilibraría oferta y demanda para impedir que los precios se disparen desorbitadamente. 2. En segundo lugar, un sector privado con mayores libertades y espacios en la economía nacional sería un complemento invaluable para el sector empresarial estatal, mediante la integración en cadenas productivas, absorbiendo fuerza laboral, prestando servicios que el sector empresarial no puede ofrecer de manera rentable, entre otros vínculos virtuosos que también generen un aumento de la oferta como consecuencia de mayores niveles de productividad y producción en el sector estatal de la economía.

Un proceso de apertura al sector privado que provoque estos cambios comenzaría por medidas que han sido ampliamente discutidas en el debate público nacional: eliminación de la lista de trabajos autorizados, permitir a los profesionales ejercer de forma privada, promover el microcrédito y las pequeñas y medianas empresas, generar facilidades de comercio nacional e internacional y de inversiones para el sector privado, privatizar determinadas empresas estatales que no son rentables, generar competencia entre el sector estatal y el privado como la forma más efectiva de controlar los precios en la economía. Medidas de este tipo serían completamente coherentes con un discurso que habla de descentralizar, de sustituir importaciones, de generar oferta, de evitar aumentos de precios, de integrar en la economía al sector privado, de generar una economía prospera y sostenible.

TOMADO DE CONVIVENCIA

Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.