Por EUGENIO YÁÑEZ.-

Ante la incuestionable evidencia de que la inversión extranjera no fluye hacia Cuba ni en la cantidad imprescindible ni con la celeridad requerida, el Gobierno ha decidido modificar las normas y procedimientos establecidos.

Sin embargo, como de costumbre, las medidas terapéuticas adoptadas para superar esta grave crisis, no públicamente reconocida del todo, resultan incompletas.

En un proceso serio de toma de decisiones de cualquier tipo es indispensable identificar claramente cuál es el problema y cuáles son sus causas, para intentar encontrar soluciones adecuadas y definitivas, y no limitarse a curitas de mercurocromo o una declaración de intenciones.

Cuando se aprobó la nueva ley de inversión extranjera en 2014 se declaró públicamente que el país requeriría unos 2.500 millones de dólares anuales de capital extranjero para que el producto interno bruto (PIB) creciera alrededor del 5% cada año, con la intención de avanzar hacia un socialismo próspero y sustentable que debería alcanzarse en algún momento, quién sabe cuándo.

Más vale tarde que nunca, es cierto, pero si lo que llega tarde además llega mal, escapar del nunca resulta más difícil todavía

Esas cifras continúan en el reino de lo imposible en agosto del 2018, y de ahí las nuevas medidas. Más vale tarde que nunca, es cierto, pero si lo que llega tarde además llega mal, escapar del nunca resulta más difícil todavía.

Además del absurdo prácticamente exclusivo para Cuba de ser quizás el único país del mundo cuyo Gobierno privilegia la inversión extranjera sobre la de sus nacionales -se cierra así la posibilidad de recibir millones y millones de dólares frescos de una diáspora que constituye un porcentaje importante de la población-, no ofrece suficientes facilidades a los potenciales inversionistas extranjeros para que arriesguen su dinero en la Isla.

De nada valen las Carteras de oportunidad que año tras año se ofrecen en cuanta feria, foro o evento para promover la inversión extranjera en la (¿todavía?) Perla de las Antillas, o las recientes medidas para agilizar trámites y simplificar procedimientos, que aunque acelerarán el proceso no eliminarán la trabazón, mientras no se acaben de resolver dos problemas fundamentales:

El primero sería la imperiosa necesidad de que exista y funcione un tribunal realmente independiente a donde puedan acudir los inversionistas para dirimir sus litigios y reclamaciones con la parte cubana, como normalmente sucede en los países democráticos entre inversionistas extranjeros y autoridades nacionales, sin que signifiquen agresiones imperialistas, ni guerras o peleas a golpes o disparos, sino diferentes interpretaciones de requerimientos legales o procedimientos y reglamentaciones que es necesario aclarar y definir para poder funcionar día a día.

El primero sería la imperiosa necesidad de que exista y funcione un tribunal realmente independiente a donde puedan acudir los inversionistas para dirimir sus litigios y reclamaciones con la parte cubana

Para eso, es imprescindible que los jueces de tales tribunales se subordinen a su conciencia y a las leyes establecidas, para decidir conforme a la letra y el espíritu de la legislación. Subordinarse al Partido Comunista antes que a la ley, aunque el Gobierno lo considere justo y necesario y lo avale la Constitución, en el comercio y las relaciones económicas internacionales, en todo el mundo es absolutamente inaceptable.

El segundo requerimiento que necesita solución es la absurda presencia de una empresa estatal dedicada a imponer al inversionista extranjero los trabajadores que deberá utilizar en sus negocios en Cuba.

Dejando a un lado el aspecto ético de que parte del dinero que el inversionista extranjero pagaría por el trabajador contratado queda en manos de una empresa estatal que no hace más que eso, y aunque el inversor no tuviera reparos morales ni legales en participar en ese contubernio, queda el evidente problema de que cada persona que pone en riesgo su dinero en cualquier negocio desea poder controlar en qué y cómo lo gasta.

Naturalmente, si una empresa de Cuba le facilitara al inversionista opciones de trabajadores de acuerdo a lo que necesite para su negocio, podría ser un gran servicio. Si el inversionista, proveniente de cualquier país, necesitara tres ingenieros para la planta de montaje que pretende establecer en la Isla, no rechazaría que la contraparte cubana le presentara un listado de ingenieros con la calificación requerida para que él pudiera entrevistarlos y seleccionar los que considere más apropiados.

Con el sistema en vigor, si una empresa extranjera necesita tres trabajadores, el Gobierno escoge a tres personas y se los manda, sin dejar al inversionista la posibilidad de hacer una selección en función de sus propios criterios.

Es intrascendente si el Gobierno flexibiliza regulaciones y aligera la carga burocrática que asumen los inversionistas extranjeros para arriesgar su dinero en Cuba, simplificando problemas de segundo orden

Cuando se le comunica que no tiene más opciones que las que le presenta la agencia empleadora estatal cubana, ese inversionista extranjero comienza a preguntarse, con todo su derecho, si no podría ser mejor negocio establecer su planta de montaje en República Dominicana, Costa Rica, Panamá, o Jamaica.

Entonces, es intrascendente si el Gobierno flexibiliza regulaciones y aligera la carga burocrática que asumen los inversionistas extranjeros para arriesgar su dinero en Cuba, simplificando problemas de segundo orden, aunque sea importante hacerlo, si frente a las dos cuestiones críticas que frenan la voluntad del inversionista, no se modifica nada y hay que seguir dependiendo de las veleidades y humores del Gobierno.

Mientras las cosas sean así, sin soluciones verdaderamente reales, los problemas se mantendrán. Aunque se tomen medidas para ilusionar... o entretener.

Porque los gobiernos no están para entretenerse, sino para resolver problemas.

14 Y MEDIO