Las tres querellas ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que pueden acabar con la carrera judicial de Baltasar Garzón responden a una estrategia del PP para acabar con el caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta a los Gobiernos autónomos de Francisco Camps y Esperanza Aguirre y que mantiene imputado al ex tesorero del partido Luis Bárcenas. Lo dice el propio Garzón en las alegaciones que ayer presentó ante el Consejo General del Poder Judicial contra su suspensión. El magistrado, que pide a ese órgano que lo mantenga en su puesto, recusa a los tres vocales que más animadversión han mostrado contra él: los conservadores Fernando de Rosa y Gema Gallego y la progresista Margarita Robles.

En el escrito, dirigido a la Comisión Permanente del Consejo, Garzón señala por primera vez con nombres y apellidos a los que considera sus enemigos. El juez explica que desde que inició su investigación sobre la supuesta corrupción en el PP, "las declaraciones públicas de responsables de dicho partido se suceden en una clara estrategia de desprestigio, acoso y desautorización" de su labor "sin precedentes en la historia judicial española".

Esa campaña, continúa Garzón, fue "alentada por personas a quienes yo imputé, y jaleada por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con mi carrera y con mi prestigio profesional".

El juez recuerda cómo poco después de encarcelar a los cabecillas de la trama Gürtel comenzaron a sucederse desde el PP declaraciones en su contra. Así, el responsable de Justicia, Federico Trillo, aseguró el 16 de febrero de 2009 que el juez actuaba "con manifiesta injusticia, con manifiesta ilegalidad" y "en contra de la ley y la jurisprudencia". Por su parte, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre -uno de sus consejeros y dos diputados de la Asamblea de Madrid se encuentran entre los imputados-, señalaba: "Garzón, si puede, me hace un traje a mí; vamos a procurar evitar que ocurra".

Pero la invectiva más relevante, por el cargo de su autor, fue la del vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana a las órdenes de Francisco Camps, al manifestar que Garzón "dañaba la imagen de la justicia" y estaba a punto de "pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación".

"El objetivo de todo este acoso", mantiene Garzón, es intentar poner en tela de juicio la regularidad de su trabajo. Se trata "de forzar la impunidad de las conductas delictivas que el juzgado osó investigar", como los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo, el caso Gürtel o la instrucción sobre el caso Faisán por supuestas filtraciones de una operación policial contra ETA.

El magistrado advierte de que su suspensión "perturbaría de una forma extremadamente grave a los magistrados que en la actualidad están tramitando aquellas mismas causas por cuya tramitación me veo imputado". Más de 20 imputados del caso Gürtel han recurrido la decisión del actual instructor del caso, Antonio Pedreira, de avalar las escuchas ordenadas por Garzón a los principales imputados en la trama y sus abogados en prisión.

La admisión a trámite de una querella por esta decisión en el Supremo puede afectar a los magistrados del Tribunal Superior de Madrid, que juzgarán "bajo el riesgo latente de recibir la misma sanción y castigo" que el juez de la Audiencia. En esa querella, el Supremo ha admitido que el líder de la trama corrupta, Francisco Correa, pueda acusar a Garzón. También lo ha solicitado el lugarteniente de Correa, Pablo Crespo.

La recusación de De Rosa se basa en su relación de amistad con el presidente valenciano, Francisco Camps. La de Gema Gallego responde a su actuación en el caso ácido bórico, con el que trató de relacionar a ETA con el 11-M, dando la vuelta a la investigación realizada previamente por Garzón. Robles debería abstenerse, según el juez, por sus desencuentros durante su etapa como viceministra de Interior, cuando Garzón instruyó causas que afectaban a su departamento, como los fondos reservados o los GAL.

Según fuentes del Consejo, las recusaciones las decide el Pleno sin estar presentes los recusados, antes de que la Permanente decida si suspende a Garzón. El próximo Pleno se celebrará el día 24.